Aproximadamente entre 50 y 60 autos permanecen en la cantera de Roiz, donde aún hay entre 80 y 100 personas que no han abandonado la fiesta clandestina. Los organizadores del evento no autorizado han sido identificados, según las últimas informaciones.

Este evento social, que comenzó el pasado viernes, ha conducido a un total de 175 personas y 46 vehículos a abandonar el lugar. Durante la operación de desalojo, se han presentado denuncias a 24 conductores por consumo de drogas. La situación fue expuesta por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien se mostró optimista respecto a la finalización del evento en las próximas horas.

Casares informó que ya se están desmontando las instalaciones asociadas a la fiesta, aunque algunas estructuras y participantes todavía permanecen en la cantera. En la tarde del lunes, se había logrado desmantelar barras de bar y el escenario, pero aún quedaba un remanente de asistentes que se marchan gradualmente, con la expectativa de que la mayoría abandonen el lugar a lo largo del día.

La Guardia Civil ha establecido un operativo intensivo en la zona, asegurando los cinco accesos para garantizar el desalojo total de los asistentes, que han sido estimados entre 300 y 400 personas. Casares destacó que la rápida respuesta de las autoridades evitó que el evento atrajera a un mayor número de participantes, como ha sucedido en otras ocasiones en diferentes regiones de España.

La convocatoria de esta fiesta no autorizada se realizó a través de redes sociales. Al enterarse, la Guardia Civil implementó un dispositivo a las 7:00 del sábado para prevenir que más personas accedieran al área. Durante el desalojo, se realizaron controles de drogas y alcohol a los asistentes, y estos operativos continúan en los accesos del lugar.

Los organizadores de esta celebración podrían enfrentar multas de hasta 600.000 euros, mientras que los participantes podrían ser sancionados con multas que van de 150 a 30.000 euros. Además, la empresa que gestiona la cantera ha presentado una demanda por la ocupación ilegal de sus instalaciones.