En una jornada crucial para el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, la abogada que prestó servicios legales al municipio entre 2015 y 2020 ha testificado que mantuvo un apoyo constante al alcalde Joaquín Arco (PRC), asegurando que estuvo a su disposición "24 horas al día" para ofrecerle asesoría, tanto verbal como escrita. Durante su declaración en el juicio por posibles pagos irregulares de facturas, que contaban con reparos por parte de la secretaria, la letrada defendió su trabajo, resaltando su dedicación y compromiso.

La abogada también tildó de "acoso y derribo" las actitudes de la interventora y la oposición, representada por el PP, en un contexto donde el nuevo gobierno, que desbancó a los populares tras 30 años de mandato, enfrentó una feroz resistencia. Según sus declaraciones, esta situación política desencadenó una serie de ataques hacia la gestión actual.

Durante la segunda jornada del juicio, el exalcalde y querellante, José Luis Blanco Fomperosa, también tomó la palabra y señaló que cuando Arco decidió levantar los reparos sobre las facturas en cuestión, no se basó en "argumentos jurídicos" sino que la escena fue marcada por "risas". Aseguró que faltaron explicaciones legales y que la decisión no estuvo justificada adecuadamente.

En la misma sesión, el consejero de Educación del Gobierno regional, Sergio Silva, quien fue teniente de alcalde bajo la administración de Blanco, también compareció como testigo. Silva recordó que a menudo existían "discrepancias" entre el asesor jurídico y la secretaria, aunque enfatizó que estas eran "puntuales" y no representaban conflictos graves. Resaltó que el equipo popular priorizaba un enfoque prudente en sus decisiones legales.

El actual alcalde se enfrenta a una dura acusación que podría llevarlo a ser inhabilitado por un tiempo de hasta quince años, como solicitan tanto la Fiscalía como la acusación particular, que está encabezada por el exalcalde. Las acusaciones giran en torno a actos de prevaricación reiterados por supuestos pagos irregulares que suman unas 20,000 euros, aunque el PP estima que la cifra real podría superar los 140,000 euros, en contraposición a varios informes de la Intervención y los reparos emitidos por la secretaria involucrada.

Este caso judicial ha tomado una vuelta inesperada, especialmente tras el archivo por error procesal de la causa que inicialmente afectó a otros cinco concejales. La investigación se centra en el pago de facturas a abogados que defendieron a miembros del consistorio y trabajadores municipales, así como a consultorías que realizaron informes sobre urbanismo y plantillas, además de otros contratos relacionados con la administración del Ayuntamiento.