El 4 de marzo en Santander, un avance significativo en el prolongado litigio del caso Tenis de Laredo ha llevado a las partes involucradas a un acuerdo que permitirá, casi 30 años después, la implementación de una sentencia de demolición que ha pesado sobre la comunidad desde 1999. Este pacto también representa un ahorro cercano a los 6 millones de euros para el Ayuntamiento, que es el responsable de indemnizar a los propietarios afectados.

En una vista celebrada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), se discutió la propuesta presentada por los vecinos, la cual facilitó un acuerdo entre el Consistorio, los propietarios y la parte demandante para dar cumplimiento a la sentencia que se remonta a hace tres décadas. Este nuevo enfoque implicaría un coste de aproximadamente 4,5 millones de euros, significativamente inferior a los 11 millones previstos originalmente.

El acuerdo propuesto por el TSJC permite que los propietarios del edificio Tenis adquieran una parcela adicional que les dará la opción de aumentar la superficie de su propiedad con el fin de soportar una mayor ocupación. Posteriormente, un arquitecto diseñará un proyecto que ajustará la ocupación al 35% de la superficie original, más un 20% de la nueva parcela, eliminando cualquier parte de los áticos que sobrepase el gálibo de 45 grados a partir de una altura de 9 metros desde la rasante natural anterior.

Las obras serán ejecutadas por TRAGSA en un periodo estimado de ocho meses. Además, la nueva parcela adquirida será cedida al Ayuntamiento, que se encargará de desarrollar un plan urbanístico que legalice la estructura existente.

Según el acuerdo obtenido por Europa Press, "los gastos derivados de la ejecución no superarán en ningún caso los 4,5 millones de euros", cifra que incluye los costes de reubicación temporal y almacenamiento de muebles.

El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha expresado su satisfacción por el acuerdo logrado, resaltando el "impacto económico positivo considerable para las arcas municipales" gracias al ahorro proyectado de 6 millones de euros. Sin embargo, ha enfatizado la necesidad de proceder con cautela hasta conocer la decisión definitiva de la Sala: "Debemos ser pacientes y respetar los tiempos del proceso judicial", señaló.

A pesar de las precauciones, González ha declarado que, tras tres décadas de conflicto, se ha alcanzado "el mejor acuerdo posible para Laredo". "Estoy muy contento con el entendimiento entre todas las partes. Como alcalde, creo que hoy cerramos un capítulo oscuro en nuestra historia y empezamos a ver la luz al final del túnel", comentó.

El regidor también subrayó la importancia de que la decisión judicial finalmente reconozca el derecho de la demandante, lo que conduciría a una resolución satisfactoria de la situación. Agradeció a los propietarios demandantes por su "flexibilidad" en el proceso de negociación.

González, quien ha convocado una comisión para el viernes para discutir el acuerdo, defendió que este avance es resultado de un trabajo meticuloso y de un enfoque serio hacia la solución del problema. "Hemos llegado hasta aquí con esfuerzo y determinación, y los resultados evidencian que esta dedicación ha sido fructífera", concluyó.

En relación a la futura ejecución, el alcalde ha asegurado que habrá colaboración por parte de la comunidad de propietarios para que todo se lleve a cabo según lo acordado. Finalmente, reitera la importancia de esperar la resolución final, "con todos sus matices", y actuar con la responsabilidad que un asunto de esta envergadura exige.