El movimiento Adolescencia Libre de Móviles en Cantabria ha celebrado la reciente propuesta del Gobierno español, presentada por el presidente Pedro Sánchez, que sugiere prohibir el acceso a redes sociales para los menores de 16 años. Este grupo ha instado a implementar sanciones para las empresas tecnológicas que no cumplan con esta normativa, así como la necesidad de establecer sistemas más efectivos de verificación de identidad y edad.

Sandra Garrido, vicepresidenta de la organización en la región, expresó su aprobación por la iniciativa del gobierno, aunque también advirtió que se trata de un primer paso que necesita complementarse con respuestas más contundentes. "La protección digital debe ser real y efectiva", enfatizó Garrido, exigiendo un cumplimiento total de los requerimientos establecidos por las autoridades.

La postura de Adolescencia Libre de Móviles no se opone al uso de tecnología por parte de los jóvenes, sino que busca garantizar un entorno seguro en el que estos puedan interactuar. "Queremos que haya protección verdadera", subrayó. Sin embargo, Garrido también reconoció que la implementación efectiva de la prohibición puede resultar complicada. Aun así, se mostró confiada en la existencia de mecanismos de verificación que podrían facilitar su cumplimiento si se aplican con seriedad.

Asimismo, la organización está llevando a cabo diversas actividades en la comunidad para sensibilizar a las familias sobre la importancia de un uso responsable de la tecnología. Más de 270 familias de Cantabria se han alineado con el Pacto de la Infancia, cuyo objetivo es retrasar la entrega del primer 'smartphone' a los niños y fomentar la creación de redes de apoyo. También se están promoviendo las recomendaciones de la Asociación de Pediatría en este ámbito.

Garrido advirtió sobre las repercusiones que puede tener el uso indiscriminado de la tecnología en la salud mental de los menores, argumentando que la entrega de dispositivos no debería realizarse antes de los 14 años, y si es posible, hasta los 15 o 16. “Es vital que los adultos se cuestionen por qué sienten la necesidad de dar un móvil a sus hijos”, subrayó. En este contexto, mencionó una encuesta realizada en Cantabria que indica que muchas familias optan por entregar dispositivos debido a la presión social o para poder localizar a sus hijos.

Para abordar esta problemática, Garrido también mencionó iniciativas de diversos municipios en España, como un programa próximo a iniciarse en Camargo, que proporciona espacios seguros para la infancia. En estos lugares, los menores podrán solicitar ayuda si se encuentran en una situación de necesidad.

Las declaraciones de Garrido fueron ofrecidas durante una rueda de prensa dirigida por la Junta de Personal Docente, que también anunció sus próximos planes de movilización en defensa de la educación y el bienestar infantil.