El caso que involucra al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, se ha intensificado en la sala del tribunal, donde la fiscalía ha reiterado su solicitud de una inhabilitación de quince años. Este dirigente regionalista enfrenta serias acusaciones de prevaricación administrativa por presuntas irregularidades en la gestión de contratos y pagos durante su mandato, de 2016 a 2018.

La controversia se desató tras una querella presentada por su predecesor, José Luis Blanco Fomperosa del Partido Popular, quien respalda la pena solicitada por la fiscalía y alega que Arco llevó a cabo "actuaciones arbitrarias" a pesar de conocer la ilicitud de sus decisiones.

Durante su intervención, Joaquín Arco defendió su proceder, argumentando que siempre actuó siguiendo el consejo de la asesora legal del Ayuntamiento, lo que le llevó a ignorar los reparos planteados por la secretaria municipal. Expresó su orgullo por sus raíces familiares, destacando que sus padres y tíos también son funcionarios, lo que lo ha formado en el respeto por la administración pública.

Su defensa fue escuchada en la fase final del juicio, que se llevó a cabo esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. El tribunal ahora se encuentra a la espera de deliberar y dictar sentencia. Durante la última jornada del juicio, todas las partes presentaron sus conclusiones, incluida la defensa, que ha solicitado la absolución de Arco y la anulación del proceso judicial.

En su alegato final, Arco, quien es ingeniero industrial y llegó al cargo en 2015 tras una ajustada victoria electoral, enfatizó su conocimiento sobre las funciones administrativas, dada su vinculación familiar con el servicio público. También mencionó su infancia en el entorno rural, donde aprendió el valor de las negociaciones verbales y las promesas firmadas con un apretón de manos, algo característico en su comunidad.

Por último, rechazó las acusaciones de actuar con "opacidad", refiriéndose a la decisión tomada por su administración de grabar los plenos del Ayuntamiento. Arco defendió esta medida como un paso hacia la transparencia y un gesto en favor del pueblo, argumentando que todo lo realizado ha estado en interés de la comunidad.

(Se ofrecerán más detalles a medida que avance el caso).