En un operativo que se ha adelantado a la situación, un contingente de la Guardia Civil ha logrado desalojar a 266 personas de una fiesta no autorizada que se lleva a cabo en la cantera de Roiz, en Valdáliga. Desde su inicio el pasado viernes, la fiesta, conocida como ‘rave’, ha atraído a numerosos asistentes, de los cuales muchos han empezado a abandonar el lugar en las últimas horas.

Los participantes han optado por salir a pie o en coche, con un total de 86 vehículos contabilizados hasta el momento. Sin embargo, 27 conductores han dado positivo en pruebas de detección de drogas y alcohol, realizadas en diversos puntos de control establecidos por las autoridades en los accesos a la zona.

Las autoridades han indicado que el desalojo se está realizando de forma gradual, y aunque los organizadores de este evento no autorizado han sido localizados, aún permanecen algunas decenas de asistentes en el lugar. De acuerdo con las declaraciones del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, todavía quedan cerca de 50 vehículos y un centenar de personas por salir mientras se desmantelan las instalaciones del evento.

A lo largo del lunes, ya se había desmantelado el bar y el escenario utilizados durante la ‘rave’. Algunas personas han empezado a irse en la noche anterior y otras lo han hecho durante la mañana. La Guardia Civil ha mantenido un despliegue importante para cerrar todos los accesos a la cantera, asegurando que permanecerán en el lugar hasta lograr el desalojo total de los asistentes, que se estiman entre 300 y 400, evitando así un número mucho mayor de participantes que se había visto en otras oportunidades similares en el país.

La fiesta, convocada a través de redes sociales, fue detectada por las autoridades, lo que llevó a activar un operativo de seguridad desde la madrugada del sábado. Durante su implementación, se llevaron a cabo controles para verificar el consumo de drogas y alcohol en los que participaban los pocos que salían del evento.

Desde la Delegación del Gobierno se alertó que los organizadores del evento podrían enfrentar sanciones que alcanzarían los 600.000 euros, mientras que los asistentes estarían sujetos a multas que oscilarían entre 150 y 30.000 euros. Además, la empresa que gestiona la cantera ha procedido a interponer una denuncia por la ocupación ilegal del espacio público.

En un punto de la conferencia de prensa, Casares fue cuestionado sobre la diferencia en el protocolo de actuación en esta ‘rave’ en comparación con los botellones que se realizan en El Puntal. El delegado del Gobierno argumentó que ambas situaciones son muy distintas, implicando diferentes medidas de actuación. En este sentido, destacó que la naturaleza ilegal de la ‘rave’ conlleva riesgos a la seguridad pública, especialmente en cuanto a la ingesta de substancias por parte de los asistentes, algo que no se presenta en la misma medida en los botellones.

Casares también mencionó que en Ribamontán al Mar, donde se encuentra la playa de Somo, actualmente no hay ordenanza que prohíba el consumo de alcohol en las playas. Sin embargo, enfatizó que, de implementarse una normativa en este sentido en el futuro, la Guardia Civil colaboraría con el Ayuntamiento para asegurar el cumplimiento de la misma.

Por último, destacó que una diferencia clave en los incidentes de El Puntal es que la mayoría de quienes allí acuden lo hacen a pie o en transporte alternativo, lo que reduce el riesgo asociado a la conducción bajo efectos de sustancias consumidas.