El 26 de noviembre, en Santander, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha emprendido acciones legales contra el decreto que regula este tipo de propiedades, interponiendo una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la región y solicitando su suspensión de forma cautelar.

En su defensa, la asociación se apoya en un análisis técnico realizado por la consultora inAtlas, que advierte que la implementación de este decreto podría causar un impacto económico devastador en Cantabria, con pérdidas estimadas de 1.015 millones de euros en dos años y la eliminación de 2.371 empleos anuales, además de añadir una carga administrativa excesiva sobre los municipios.

AVUTCAN argumenta que este decreto atenta contra un modelo económico que no fomenta la especulación, ya que la mayoría de las viviendas de uso turístico en Cantabria pertenecen a propietarios locales que las alquilan como segundas residencias. Este enfoque permite a las familias complementar sus ingresos, gestionar hipotecas o conservar el patrimonio en áreas donde escasean otras opciones de alojamiento.

La asociación destaca que la reducción forzada de hasta el 62% de la oferta de viviendas de uso turístico que podría derivarse de la nueva normativa, llevará a la deserción de muchos turistas en localidades del interior. Esto, a su vez, perjudicará la economía local, afectando las ventas en tiendas, bares y restaurantes, y provocará una mayor concentración de turismo en Santander y la franja costera, mientras que las áreas rurales enfrentarán un empobrecimiento y una pérdida de oportunidades.

Además, su demanda señala que el Consejo de Estado ya había puesto en duda la solidez del Decreto 50/2025 antes de su aprobación, subrayando la falta de un análisis legal riguroso, la ausencia de una evaluación económica real dada la importancia del turismo en el PIB de la región, y la inexistencia de una evaluación adecuada sobre el impacto administrativo que implicaría para los ayuntamientos y los ciudadanos.

AVUTCAN también expresa su preocupación porque el Gobierno aprobó el decreto sin abordar las deficiencias mencionadas, careciendo de un estudio de impacto exhaustivo y sin evaluar adecuadamente los riesgos que este provocaría.

Desde el punto de vista legal, la asociación califica el decreto como "inconstitucional e ilegal", señalando su carácter retroactivo que afecta a 6.445 viviendas ya legales; su invasión de competencias municipales en materia urbanística; el incumplimiento del procedimiento europeo de notificación previa; y la violación de los principios de buena regulación, dado que fue aprobado sin una motivación suficiente o un análisis de impacto genuino.

Durante todo el proceso de tramitación, los propietarios mantuvieron una actitud colaborativa y abierta al diálogo, sin embargo, el Gobierno de Cantabria (PP) hizo caso omiso tanto a sus aportaciones como a las advertencias de varios ayuntamientos sobre la importancia del sector, que representa aproximadamente el 11% del PIB regional, y sobre el riesgo de un colapso administrativo.

Finalmente, AVUTCAN advierte en un comunicado que, de no suspenderse el decreto, "Cantabria se dirigirá hacia un modelo turístico más centralizado, inestable y desigual, con una costa abarrotada y un interior cada vez más deshabitado". Por lo tanto, hace un llamado al gobierno para que inicie un nuevo proceso de regulación que se base en datos sólidos y que respete tanto a los municipios como a las familias.