MARINA DE CUDEYO, 12 de enero. En una reciente declaración, María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria y miembro del Partido Popular, se mostró contundente en su rechazo a la nueva propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España. La dirigente calificó la iniciativa como "infumable e insoportable", acusando al Ejecutivo de elaborar un plan que se adapta únicamente a las demandas del independentismo, lo cual considera una “ofensa” a la comunidad cántabra.

Buruaga expresó sus dudas sobre la viabilidad de esta propuesta, indicando que, en el improbable caso de que se aprobara, Cantabria estaría dispuesta a utilizar "todos los recursos legales disponibles", incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional si fuera necesario.

En sus comentarios, destacó que el nuevo modelo de financiación prioriza la población en detrimento de factores cruciales como el envejecimiento, la dispersión geográfica y las características orográficas, lo que, según ella, se aleja gravemente del principio del coste efectivo en la prestación de servicios públicos. "Este enfoque compromete seriamente nuestras capacidades para ofrecer servicios de calidad en la región", afirmó.

A pesar de su temor por la propuesta, Buruaga manifestó que le resultaba difícil imaginar que obtendría apoyo en el Congreso de los Diputados dado que, según su opinión, el Gobierno actual ha fracasado en sus intentos de aprobar presupuestos en esta legislatura.

La presidenta hizo estas declaraciones durante un evento en la residencia de mayores de Rubayo, donde se refirió, a preguntas de los medios, a la propuesta de financiación que el Ejecutivo presentó el viernes anterior. Aunque admitió no estar completamente familiarizada con todos los detalles, subrayó que era "indefendible" que Cantabria reciba -46 millones de euros de los 21.000 millones adicionales que se distribuyen.

Buruaga insistió en que "Cantabria no puede aceptar que un modelo de financiación destinado a todas las comunidades sea dictado por los separatistas". Sostuvo que la propuesta no responde a las necesidades de las comunidades autónomas, ni a la equidad necesaria para blindar los servicios públicos, sino que está influenciada por los intereses de Pedro Sánchez, especialmente en el contexto político de Andalucía.

La presidenta apuntó que, según su perspectiva, "Esquerra Republicana de Cataluña se beneficiaría de este nuevo planteamiento", manifestando que lo que favorece al independentismo es perjudicial para Cantabria y para España en general.

Reiteró la postura del Gobierno regional sobre no aceptar que se categorice a Cantabria como una comunidad "privilegiada" o "sobrefinanciada", defendiendo la idea de que, en realidad, enfrenta un importante déficit financiero. "Recibimos lo que necesitábamos anteriormente, pero ahora estamos tan infrafinanciados como las demás comunidades autónomas", argumentó.

Además, subrayó las presiones que enfrentan las comunidades autónomas, que deben cumplir con competencias impuestas unilaterales, como la atención a la dependencia, donde Cantabria contribuye “prácticamente con un 70%” del total de costos cuando debería abarcar, al menos, el 50%.

La presidenta demandó que no se reciba "un euro menos" de lo necesario para mantener los servicios públicos en condiciones de igualdad, destacando que la sanidad y la educación en Cantabria cierran con déficit y que el transporte escolar representa un gasto adicional significativo.

Buruaga criticó la reacción de los socialistas en Cantabria, quienes, según ella, intentan persuadir al público de que la nueva propuesta es beneficiosa, advirtiendo que no aceptar esta visión es esencial. “Decir que no perdemos es un insulto a nuestra inteligencia”, comentó.

Finalmente, enfatizó que esta cuestión no debe verse como un tema ideológico, sino como una cuestión de justicia, llamando a generar unidad y forjar un frente común con Cantabria como objetivo central. Resaltó la importancia de mantener una postura unificada sobre el sistema de financiación, una postura que hasta ahora había logrado consenso entre partidos y agentes sociales.