RAMALES DE LA VICTORIA, 13 Ene. - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha expresado su preocupación por la reciente propuesta del Gobierno de España sobre financiación autonómica, que considera "inadmisible" e "intolerable". Buruaga subraya la importancia de mantener un "frente común" en defensa de la autonomía regional y ha advertido que su gobierno no se quedará en silencio ni inactivo, sino que "luchará en todos los frentes", incluso en los judiciales para revertir esta situación.

La presidenta del Partido Popular en la comunidad autónoma ha insistido en que es fundamental que Cantabria se una en torno a su verdadero interés, más allá de ideologías o lealtades partidarias. "Esto no se trata de una cuestión de izquierdas o derechas, sino del bienestar de nuestra sociedad y del futuro de nuestros hijos", ha argumentado, señalando que la nueva propuesta pone en peligro servicios esenciales como la salud y la educación.

Buruaga ha criticado abiertamente al secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, por su apoyo a la propuesta del Gobierno central, acusándolo de priorizar la alineación con el presidente Sánchez en lugar de los intereses de la comunidad autónoma. Reitera que Cantabria debe ir unida, dejando atrás intereses que no reflejan las necesidades de sus ciudadanos.

En su análisis, la presidenta declaró que el actual modelo de financiación no solo ignora las necesidades reales de las comunidades autónomas, sino que también avanza bajo las presiones del separatismo catalán. Buruaga ve esta propuesta como una acción electoralista, que no se ajusta a la realidad que los cántabros viven a diario y que amenaza con desmejorar las condiciones de vida y el acceso a servicios básicos.

El Gobierno de Cantabria tiene previsto llevar esta lucha a todos los espacios posibles, comenzando por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde buscan obtener más claridad sobre el modelo planteado por el Gobierno central. Están dispuestos a escalar esta cuestión hasta el Tribunal Constitucional si es necesario, aunque Buruaga considera poco probable que se logre la aprobación de una ley orgánica en el Congreso de los Diputados que confirme este cambio.

Por otro lado, Pedro Casares ha defendido con firmeza el compromiso del Gobierno de España con la financiación de Cantabria, destacando que la comunidad será "la mejor financiada del país" y asegurando que no se reducirá la asignación presupuestaria. Aunque invita al Gobierno regional a dialogar y trabajar para mejorar la situación, Buruaga cuestiona la veracidad de las cifras y el destino de los fondos enviados a Cantabria.

Casares, por su parte, ha recordado que en los últimos años la comunidad ha recibido un aumento significativo en la financiación, lo que debería traducirse en una mejora de servicios públicos, un argumento que choca con la realidad que sienten muchos ciudadanos en relación con la educación y la sanidad. Defiende la necesidad de rigor y responsabilidad en la gestión de estos recursos, y critica el deterioro que, según él, ha llevado a cabo el Ejecutivo de Buruaga.

La constancia en el debate sobre financiación es crucial, según Casares, quien cree que esto permite abordar mejoras fundamentales en la gestión de fondos. Aun así, el tono de la discusión sugiere una creciente división que podría complicar las colaboraciones necesarias para el bienestar de Cantabria.