En una decisión que ha levantado polvo en el ámbito político, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, del Partido Popular, ha manifestado su intención de aumentar su salario a partir de 2026, alineándose así con el incremento propuesto para los funcionarios del gobierno regional. Esta medida también se replicará entre otros líderes autonómicos, fomentando un debate sobre las retribuciones de los altos cargos en el contexto actual.

Los proyectos de presupuestos de la comunidad autónoma, tanto el vigente como el de 2026, incluyen una cláusula que estipula que los aumentos salariales previstos para los funcionarios se extenderán a la presidenta, los consejeros y demás altos funcionarios del Ejecutivo. Así lo han confirmado fuentes cercanas al Gobierno regional a través de Europa Press.

Recientemente, el Boletín Oficial del Estado dio a conocer un Real Decreto que establece un aumento del 2,5% en los salarios de los funcionarios para este año, así como un incremento de hasta el 2% en 2026, sujeto a aprobación por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la cifra exacta de presidentes autonómicos que se beneficiarán de este aumento todavía no está clara, ya que varios gobiernos regionales continúan finalizando sus cuentas públicas.

Hasta ahora, se suman a la candidatura de aumento salarial Buruaga y otros jefes autonómicos, como los de Asturias (Adrián Barbón, PSOE), País Vasco (Imanol Pradales, PNV), Navarra (María Chivite, PSOE), La Rioja (Gonzalo Capellán, PP), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco, PP) y Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page, PSOE).

En el ámbito nacional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha revelado su propuesta de presupuestos para el año. Por lo tanto, su salario actual se sitúa en 90.010,20 euros anuales, lo que se traduce en aproximadamente 7.500 euros mensuales. Esta falta de claridad en el ámbito central contrasta con las decisiones ya anunciadas en las comunidades autónomas.

De concretarse la subida, las retribuciones de presidentes como Barbón en Asturias, quien vería su salario de 72.979 euros anuales incrementarse, y de Buruaga en Cantabria, con un salario de 71.835,12 euros en 2025, experimentarían un ajuste correspondiente al aumento estatal.

En Navarra, la presidenta María Chivite cobraría 83.381,76 euros anuales en catorce pagas, reflejando una retribución que también se ajustará con el incremento para el resto del personal público. Mientras tanto, Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, espera igualar la subida salarial que recibirán los funcionarios, al igual que Emiliano García-Page, que ha cobrado 91.717,78 euros en este año.

Por otro lado, la situación es diferente en Madrid, Canarias y Galicia, donde las administraciones han decidido congelar los salarios de sus presidentes en los presupuestos propuestos para el próximo año. En el caso de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso mantiene un salario de 103.090 euros anuales desde hace catorce años, siendo la presidenta con la remuneración más elevada entre las comunidades.

Fernando Clavijo, de Canarias, planea mantener su sueldo en 76.823 euros anuales, mientras que Alfonso Rueda de Galicia seguirá percibiendo 85.743 euros para 2026. Algunas administraciones aún no han hecho públicas sus proyecciones presupuestarias, lo que deja en el aire la posibilidad de ajustes salariales en estos gobiernos.

A medida que se cierran las cuentas, los presidentes autonómicos presentan una variada gama de salarios, donde sobresale el mandatario catalán Salvador Illa, que actualmente cuenta con un salario de 136.177,5 euros, a la espera de conocer los detalles de los próximos presupuestos para 2026. La discusión sobre la equidad y la responsabilidad de las retribuciones públicas continúa siendo un tema candente en la agenda política.