El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, tomará medidas legales a primera hora de esta mañana, 4 de febrero, en respuesta a la decisión de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, del PSOE. Esta resolución ordena la paralización inmediata de un hogar de acogida de emergencia autorizado por la administración regional, que tiene como objetivo ofrecer refugio a 18 menores migrantes no acompañados.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, hizo este anuncio durante una rueda de prensa, enfatizando la prioridad del Ejecutivo en garantizar la protección, atención e integración de estos jóvenes. Se informó que dos menores llegaron ayer y que se espera la llegada de otros cuatro hoy.

“Presentaremos en la mañana de hoy las medidas cautelarísimas, un tema que ya se encuentra en manos de la justicia. Ahora nuestra misión es seguir protegiendo e integrando a los menores”, afirmó Gómez del Río, quien subrayó que ya no hay más que añadir al respecto y que es momento de centrarse en el bienestar de los jóvenes.

La consejera expresó su preocupación por el bienestar de los menores: “Lo que verdaderamente me inquieta es que estén protegidos y bien atendidos, y que no se les estigmatice de ninguna manera”.

Gómez del Río hizo estas declaraciones durante la inauguración de nuevos baños para personas ostomizadas en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

En una rueda de prensa el día anterior, la consejera había informado que la alcaldesa de Cartes había dictado una orden que detenía las actividades del centro para menores migrantes, mencionando presuntas irregularidades urbanísticas. Esta orden fue recibida por la Fundación Cuin, encargada de la gestión del centro, poco después de mediodía.

La consejera advirtió que dicha resolución incluye amenazas de desalojo, precintado del edificio y sanciones, así como posibles cortes en los suministros de electricidad y agua.

Por su parte, la alcaldesa negó posteriormente en un comunicado que su orden supusiera la paralización de la acogida de menores, asegurando que se comprometen a garantizar su bienestar y protección.

Cueto argumentó que su decisión respondía a varias denuncias vecinales recibidas y que, por ello, se habían solicitado informes técnicos y legales a los servicios municipales, recomendando implementar ciertas medidas urbanísticas.

Otros actores políticos también han reaccionado, como el delegado del Gobierno, Pedro Casares, del PSOE, quien pidió que se dejara de visibilizar a los menores en el debate público. Igualmente, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Sumar, instó a la alcaldesa a “rectificar de inmediato, disculparse y cumplir con la ley”.