Cantabria desafía Ley de Amnistía y cuestiona imparcialidad del Tribunal Constitucional.

En una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno cántabro, se ha ratificado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en Cataluña, aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024, fundamentado en la "decencia democrática".

Además, se ha acordado la recusación del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido, y los magistrados del TC Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso ante dicho recurso de inconstitucionalidad.

Estos movimientos fueron anunciados por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), un día después de que el Parlamento cántabro informara que ya había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, argumentando que "vulnera el principio de igualdad entre los españoles".

Buruaga ha destacado la obligación y el deber moral del Gobierno de Cantabria de actuar en defensa del orden constitucional y el interés general frente a lo que considera una ley de Amnistía que, a su juicio, atenta contra los principios de separación de poderes, seguridad jurídica e igualdad entre españoles.

Para la mandataria regional, la ley de Amnistía aprobada por Pedro Sánchez a cambio del respaldo de los independentistas a su investidura, representa un ataque directo a la democracia y al modelo de convivencia, por lo que su gobierno no permanecerá indiferente ante esta situación.

Además, ha advertido que, tras la Ley de Amnistía, pueden seguir privilegios económicos unilaterales y la cuestión de la autodeterminación, y ha llamado a frenar este proceso para defender la igualdad de trato, los derechos y las oportunidades de los cántabros en el marco de una España constitucional y de ciudadanos libres e iguales.