Cantabria envía contratos de 2016 a la autoridad de Competencia en el marco de la investigación sobre constructoras.
En Santander, a 26 de marzo, el Gobierno de Cantabria ha respondido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al enviar documentación relacionada con contratos menores del año 2016. Esta entrega se produce en el contexto de una investigación que examina la conducta de constructoras y empresarios, acusados de manipular licitaciones en el sector de la obra civil en la región.
La CNMC había solicitado al Ejecutivo autonómico, hace unas semanas, información específica y concisa sobre los contratos en cuestión. El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, aseguró este jueves a los medios de comunicación que la información proporcionada no responde a una cuestión generalizada, sino que se limita a casos concretos.
Media no ofreció detalles adicionales, ya que la CNMC también había solicitado que la información fuera tratada con "absoluta confidencialidad". Además, el consejero admitió que su departamento no tiene acceso completo al expediente de investigación, lo que limita su capacidad para brindar más explicaciones.
A pesar de la falta de detalles, Media enfatizó la importancia de permitir que la CNMC realice su labor y que el Gobierno de Cantabria acatará las decisiones que se tomen una vez se cierre el expediente. Esta postura se da en medio de la investigación que involucra a cuatro constructoras y doce empresas locales, un proceso que podría extenderse hasta dos años.
El consejero también aclaró que, dentro de la documentación solicitada, no figuraban nombres de empresas específicas, sino que se refería a expedientes determinados. Subrayó que aunque algunos nombres han salido a la luz, el proceso de contratación en la comunidad autónoma sigue los procedimientos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, que son gestionados por funcionarios en mesas de contratación.
Media hizo hincapié en que el Gobierno actuará de acuerdo a las resoluciones judiciales que emanen de este caso. Se refirió a situaciones anteriores, como la trama de Carreteras, donde se detectaron irregularidades en la adjudicación de contratos. "Cuando haya una sentencia firme, nosotros haremos lo que se nos indique", explicó.
Finalmente, el consejero subrayó que la función de investigar no corresponde al Gobierno, sino a los órganos judiciales. "Nosotros no contamos con la capacidad de sentenciar. Estamos aquí para cumplir con la ley y seguir las directrices que se nos indiquen", concluyó Roberto Media, reafirmando el compromiso de transparencia y cumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo regional.