El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha advertido sobre los "efectos perversos" de una medida que el Gobierno de España tiene previsto poner en marcha a partir del 1 de enero. En su opinión, esta medida supondrá un "caos" y tendrá consecuencias negativas.

En la primera Conferencia Sectorial de Educación de la legislatura, celebrada de forma presencial en la sede del Ministerio, Silva ha reclamado al Gobierno que retire la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas de Formación Profesional y de estudios universitarios. Según él, esta decisión desalentará a las empresas e instituciones y pondrá en riesgo la calidad formativa y la titulación del alumnado.

Silva ha criticado que el Ejecutivo persista en una medida que carece de las garantías necesarias y que debería contar con un sistema fiable y viable para su implantación. Además, considera que se está poniendo en peligro el prestigio alcanzado por la Formación Profesional en los últimos años, la cual ofrece salidas laborales a los estudiantes y es vista como una aliada por las empresas.

El consejero ha solicitado la suspensión, una moratoria o aplazamiento temporal de la medida hasta septiembre. En caso de no ser así, ha exigido que la bonificación del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social anunciada para 2024 se mantenga mientras la medida esté vigente, para no desincentivar la participación de las empresas en la formación.

Silva ha anunciado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, trasladará esta reivindicación, junto con otras demandas en infraestructuras e inversiones estratégicas, al presidente Pedro Sánchez en una reunión solicitada en La Moncloa.

Además, el consejero ha instado a convocar un comité técnico para resolver las contradicciones y errores en la nueva ley de Formación Profesional, y ha pedido una flexibilización en el calendario de implantación que dificulta las cosas para los territorios.

Por último, Silva ha destacado la necesidad de abordar el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, ya que considera que esto tiene un impacto negativo en la convivencia. Agradece la convocatoria de una reunión monotemática sobre este tema por parte del Ministerio en enero, y solicita que se trate también el tema de la sobrexposición a las pantallas en el ciclo de Infantil, algo que preocupa a la Consejería de Educación de Cantabria.