El Gobierno de Cantabria ha tomado una significativa decisión en favor de sus empleados públicos al anunciar que la subida salarial del 2,5% correspondiente al año 2025 se reflejará en la nómina de enero. Este incremento tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero del presente año y se realizará de una sola vez, una acción que beneficiará a miles de trabajadores del sector público.

Este aumento salarial alcanzará a alrededor de 27,000 empleados públicos que forman parte de la Administración y otras instituciones autonómicas, según lo ha comunicado el Ejecutivo cántabro, que se compromete a cumplir con esta medida en el menor tiempo posible.

Conforme a lo establecido por el acuerdo de aumento salarial suscrito por el Gobierno de España y publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se estima un impacto de unos 35 millones de euros en las arcas regionales para el incremento del 2,5%, además de más de 56 millones que incluirán una subida adicional del 1,5% que se implementará en enero de 2026.

Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, afirmó que el Gobierno de Cantabria procederá con el abono del incremento "tan pronto como sea viable", tras la reciente publicación del Real Decreto Ley. Para ello, se han llevado a cabo los ajustes técnicos necesarios, que incluyen la actualización de nóminas y la gestión de los atrasos.

Sin embargo, Urrutia expresó su preocupación por la falta de comunicación del Gobierno central, señalando que hasta ahora no se había recibido información oficial sobre las negociaciones con los sindicatos, salvo lo que había sido divulgando en los medios de comunicación. La consejera denunció "la falta de información y coordinación" por parte del Ejecutivo central como una muestra de deslealtad institucional.

La consejera también criticó la gestión del Gobierno de España, arguyendo que el retraso de un año en la aprobación de los incrementos salariales fundamentales para los empleados públicos se debe a la "falta de presupuestos" a nivel nacional. Esta situación afecta notablemente a la administración de las cuentas en las comunidades autónomas.

Además, Urrutia alertó sobre la "inseguridad jurídica" que provoca la necesidad de convalidar en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley de aumento retributivo de los empleados públicos, lo cual es un reto para un Gobierno de España "con dificultades legislativas debido a su inestabilidad política".