En una jornada marcada por divisiones políticas, el Parlamento de Cantabria ha respaldado hoy una proposición no de ley presentada por Vox, que busca abordar el fenómeno de la 'inquiokupación'. La iniciativa ha recibido el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE, y tiene como objetivos principales la recopilación de datos sobre esta problemática y la creación de un marco jurídico que ofrezca mayor seguridad a los propietarios, así como medidas que eximan a los arrendadores de pagar impuestos por rentas no percibidas.

El Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se unieron a Vox en esta votación, mientras que los socialistas se manifestaron en contra, argumentando que la situación ya está cubierta por la legislación sobre morosidad y respaldada por informes pertinentes, como los generados por el Observatorio del Alquiler. El PSOE propuso otra vía, enfatizando la importancia del diálogo social y el fortalecimiento del sistema judicial para abordar el tema.

La proposición aprobada incluye varios puntos clave, como la definición de 'inquiokupación' para facilitar la recolección de datos, la elaboración de estadísticas oficiales, la implementación de medidas para garantizar seguridad jurídica a los propietarios y la reactivación de procedimientos judiciales sin la obligación de declarar ingresos por rentas no cobradas.

Esta medida coincide con el anuncio del Gobierno de Cantabria de establecer una Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación. Este nuevo servicio, que contará con un asesor jurídico para gestionar consultas, prevé además habilitar un canal de comunicación para apoyar a aquellos que se vean afectados por esta problemática.

Por otro lado, dos proposiciones no de ley debatidas en el mismo pleno no tuvieron la misma suerte. Una de ellas, impulsada por el PRC, pretendía establecer una unidad de prevención e intervención frente a la violencia digital. Aunque los socialistas habían mostrado su apoyo a esta iniciativa tras aceptar una enmienda, la oposición del PP y Vox impidió su aprobación.

Los 'populares' argumentaron que ya existen mecanismos consolidados en el sistema de atención a víctimas de la violencia de género, afirmando que esta nueva proposición podría duplicar gastos y superponer funciones. Vox, por su parte, rechazó la idea de aumentar la burocracia y propuso un enfoque más eficiente en la aplicación de las leyes existentes.

La propuesta del PRC también contemplaba crear una Comisión dentro del Observatorio contra la Violencia de Género, así como mejorar los recursos de atención y acogida a las víctimas. Sin embargo, la falta de apoyo resultó en su rechazo.

En cuanto a la iniciativa del PSOE para crear una mesa de trabajo sobre el transporte público, este grupo quedó aislado en su defensa. La negativa del PP y las abstenciones de PRC y Vox hicieron inviable la propuesta, que los socialistas justificaron como una respuesta al descontento creciente por la falta de eficacia en el transporte público, que afecta a estudiantes y trabajadores.

El PSOE advirtió que sin una adecuada movilidad, la lucha contra la despoblación se torna un objetivo inalcanzable, y que es imposible hablar de igualdad de oportunidades sin garantizar el acceso al transporte. Criticaron, además, la presentación de un anteproyecto sobre el transporte que consideraron insuficiente frente a los desafíos existentes.

Desde el PP, se observó que la propuesta del PSOE resultaba tardía y poco práctica, sugiriendo que el partido debería participar más activamente en la fase de discusión del nuevo sistema concesional que se presentará a información pública esta semana. Por su parte, el PRC manifestó que ya existen espacios de diálogo establecidos y que no es necesaria una nueva mesa de trabajo, mientras que Vox defendió que cualquier propuesta sobre transporte debería considerar todas las modalidades, incluyendo el ferroviario, y cuestionó la efectividad del actual gobierno comparado con el anterior.