En un paso significativo hacia la regulación del transporte marítimo en Cantabria, el Gobierno regional ha propuesto un marco legal que contempla multas de entre 2.001 y 10.000 euros para las embarcaciones que operen sin la debida declaración responsable. Esta medida busca garantizar la seguridad y la legalidad en un sector que ha mostrado un crecimiento notable.

El anuncio fue realizado por Pablo Herrán, director general de Transportes y Comunicaciones, durante su intervención en el Parlamento autonómico, donde presentó el proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo. Este texto fue discutido en la comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ante la inquietud expresada por varias fuerzas políticas sobre los recientes problemas en zonas turísticas, como la playa de El Puntal en Somo, que ha sido escenario de aglomeraciones y situaciones de riesgo.

El diputado del PSOE, Pablo Zuloaga, aprovechó la ocasión para preguntar a Herrán sobre las competencias del Gobierno en cuanto a la vigilancia de este tipo de infracciones y sobre la posibilidad de establecer un cuerpo especializado que asegure el cumplimiento de la nueva legislación.

En respuesta, Herrán aclaró que la responsabilidad de la inspección recae en la Dirección General de Transportes, que se encuentra bien equipada para llevar a cabo estas tareas, enfatizando su experiencia en el transporte terrestre. Además, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil jugaría un papel clave, dado que sus agentes están capacitados para realizar controles en el mar y abordar cualquier posible infracción.

Una vez que la ley entre en vigor, cualquier infracción detectada por la Guardia Civil será formalmente tipificada y supervisada por la Dirección de Transportes, que iniciará los procedimientos sancionadores correspondientes. Herrán subrayó que actualmente el Gobierno no cuenta con un régimen sancionador en este ámbito, lo que limita su capacidad de intervención.

El director general también hizo hincapié en que la nueva normativa es esencial para regular un sector en expansión en Cantabria, que ha visto un notable aumento del turismo. Esta regulación busca no sólo mejorar la calidad de los servicios, sino también proporcionar un marco de seguridad jurídica para operadores y usuarios.

Además, Herrán destacó que la ley pretende subsanar el vacío normativo que ha dejado a Cantabria rezagada en comparación con comunidades cercanas como Asturias, el País Vasco y Galicia, que ya cuentan con sus propias legislaciones al respecto.

El proyecto de ley, que fue aprobado en agosto, incluye un registro obligatorio para aquellas empresas que deseen operar en el transporte marítimo con fines comerciales en la región. Esta medida busca fomentar la competencia leal y proteger los derechos de consumidores y usuarios, al tiempo que se asegura el cumplimiento de las normativas de seguridad marítima.

Finalmente, la legislación también establecerá las obligaciones de información para las empresas del sector, las normativas de supervisión administrativa y definirá tanto los derechos como las obligaciones de los usuarios. Las sanciones por operar sin la debida autorización podrán alcanzar los 10.000 euros, reforzando así la importancia de la regulación en este ámbito.