El Gobierno de Cantabria, bajo la dirección del Partido Popular, ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo el decreto que regula la reubicación de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado esta acción a Europa Press, justo en el último día del plazo establecido para presentar el recurso. Este movimiento es el resultado de una autorización que fue dada durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 18 de septiembre.

En términos concretos, Cantabria ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 658/2025, que busca establecer medidas de protección para menores migrantes no acompañados en contextos de emergencia excepcional.

Desde el Ejecutivo cántabro se considera que este decreto puede estar sobrepasando las competencias del Estado. La argumentación se basa en que se apoya en el Real Decreto Ley 2/2025, que también está siendo cuestionado ante el Tribunal Constitucional por diversas comunidades, entre ellas Cantabria.

Según el informe legal elaborado por el Gobierno regional, el decreto en cuestión podría violar varios artículos de la Constitución Española, incluyendo el 86.1 y otros que se refieren a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Además, se ha señalado que existen “defectos en la tramitación” que podrían invalidar la norma, poniendo en entredicho su legalidad.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, expresó tras la reunión del Consejo que las disposiciones propuestas en el decreto tratan a los menores como si fueran “mercancía.” Gómez del Río fundamentó la decisión de recurrir el decreto en la creencia de que la “imposición” del mismo no es el camino adecuado.

Asimismo, criticó que la metodología utilizada no toma en cuenta las necesidades reales de los menores en áreas como protección, integración, salud y educación, y que no considera los recursos disponibles en cada comunidad autónoma, ya que las decisiones son tomadas unilateralmente por el Estado.

Adicionalmente, Cantabria también ha recurrido dos resoluciones emitidas por la delegada del Gobierno en Ceuta, que ordenaban el traslado de dos menores, indicando que esto se realizó sin el consentimiento del Ejecutivo regional.

Bajo este panorama, Cantabria recibió recientemente al primer menor extranjero no acompañado transferido desde Canarias, dentro de un total de 156 asignados a la comunidad autónoma por el Ministerio de Juventud en el nuevo esquema de traslado.

De los 17 expedientes de menores enviados desde el Gobierno central a Cantabria, hasta el momento se han resuelto cuatro, incluyendo el del menor que llegó esta semana a la región.