Santander, 27 de enero.

El Gobierno de Cantabria ha decidido presentar alegaciones al reciente real decreto que establece la creación de 500 nuevas plazas de jueces, de las cuales solo cuatro corresponden a la comunidad autónoma. Las autoridades cántabras consideran que esta medida es insuficiente y que su región se ve desfavorecida en comparación con otras, ya que el aumento proyectado es del 4% en Cantabria, mientras que la media nacional es del 8,5%. La consejera Isabel Urrutia critica que, una vez más, Cantabria se queda con menos de lo que ha solicitado.

Entre las solicitudes adicionales, el Gobierno regional insiste en la necesidad de un segundo juzgado de primera instancia e instrucción en San Vicente de la Barquera, una reivindicación que lleva mucho tiempo en la agenda. También demandan dos plazas adicionales de magistrado, una en el ámbito civil y otra en el penal, además de dos nuevas plazas en la Fiscalía.

Estas alegaciones fueron acordadas durante una reunión del Pacto para la Justicia de Cantabria, que se firmó en julio de 2024 y donde participan el Gobierno regional y diversos representantes del sector judicial, como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y sindicatos de abogados.

Aunque desde la Delegación del Gobierno se considera que se trata de una "ampliación histórica" de plazas, Urrutia ha manifestado su descontento, asegurando que Cantabria está siendo perjudicada con estas decisiones.

En un comentario incisivo, la consejera se refiere al anuncio de las cuatro nuevas plazas —tres en Santander y una en Santoña— como una "mentira". Según Urrutia, una de estas plazas simplemente restablece el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, que había sido eliminado injustamente hace un año.

"No se trata de un incremento, sino de rectificar un error", afirma Urrutia, quien sostiene que esta acción es simplemente una medida para "devolver lo que se llevó".

En los últimos diez años, Cantabria solo ha visto la creación de cuatro nuevos juzgados, el último de los cuales se estableció en 2023, lo que demuestra una falta de inversión en el sistema judicial local, según la consejera.

Además, denuncia que el Estado ignora a Cantabria al informarse de las nuevas plazas a través de la prensa en lugar de directamente, rompiendo así un protocolo de comunicación habitual con las comunidades autónomas.

Urrutia critica que el ministro de Justicia, Bolaños, actúa de manera aislada y unilateral, lanzando un real decreto que no refleja las necesidades y demandas expresadas por Cantabria. Esto marca un cambio significativo en la forma en que el Gobierno trata con las autonomías, ya que históricamente se solían considerar las peticiones antes de emitir decisiones.

Durante la reunión, también se hizo un balance sobre la implementación de la Ley de Eficiencia en Cantabria. Urrutia enfatizó que la región ha logrado cumplir con esta ley dentro de los tiempos establecidos, algo que no se puede decir de todas las comunidades autónomas.

La consejera manifestó su gratitud hacia todos los trabajadores de la Administración de Justicia que han hecho posible esta implementación, aunque reconoció que existen aún "pequeñas deficiencias" que necesitan atención.

Cantabria está en proceso de completar la implementación de esta ley en todos sus partidos judiciales, destacando como un logro significativo.

La reunión del Pacto por la Justicia también sirvió para despedir a José Luis López del Moral, quien dejará su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Durante su mandato de diez años, ha sido un ferviente defensor de la creación de nuevas plazas para jueces.

Urrutia expresó su satisfacción por el hecho de que López del Moral permanecerá en Cantabria y continuará colaborando con el Gobierno regional, valorando su enfoque dialogante y su importante contribución a la realización del Pacto por la Justicia.