En Santander, Cantabria se prepara para dar un paso contundente en el próximo Consejo de Gobierno que se llevará a cabo este viernes 26. Autorizará a sus servicios jurídicos a presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo con el objetivo de presionar a Pedro Sánchez para que convoque la largamente esperada Conferencia de Presidentes.

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), confirmó esta medida luego de anunciar que Cantabria seguiría el ejemplo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Estas insisten en que es crucial que el jefe del Ejecutivo reúna a todos los presidentes para discutir temas fundamentales como el modelo de financiación autonómica, la política migratoria y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y la igualdad ciudadana tras la Ley de Amnistía.

"Estamos cansados de esperar una convocatoria que nunca llega", declaró Buruaga, criticando la inacción de Pedro Sánchez y afirmando que las autonomías no pueden permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados. Por eso, recurrir a los tribunales se presenta como la única opción. Cantabria se encuentra en proceso de tramitar este recurso, contando con un plazo de tres meses para concretar su presentación junto a Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Baleares.

La presidenta cántabra lamentó la falta de respuesta por parte del Gobierno central a las solicitudes reiteradas de celebrar la Conferencia de Presidentes. Consideró la actuación de Pedro Sánchez como una clara violación de la ley y de las normativas que rigen este tipo de encuentros, acusándolo de evadir sus responsabilidades y debilitar el diálogo y la cooperación entre las comunidades autónomas.

Este ambiente de incertidumbre y desatención lleva a Buruaga a afirmar que España se encuentra sin gobierno efectivo, sin presupuestos, sin actividad legislativa y sin disposición para colaborar con las autonomías. En este contexto, la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo se vuelve una necesidad imperante para restaurar la integridad institucional y promover el diálogo necesario para abordar los desafíos actuales.