El Gobierno de Cantabria ha dado un paso importante hacia la mejora del acceso a la vivienda al planificar la construcción de 212 nuevas viviendas públicas destinadas al alquiler a precios asequibles. Esta iniciativa se implementará a través de un modelo de colaboración público-privada y beneficiará a seis municipios: Torrelavega, Laredo, Santa Cruz de Bezana, Polanco, Santoña y Reinosa.

La empresa pública Gesvican se encargará de lanzar en los próximos días un concurso para adjudicar el derecho de superficie a una empresa privada. Esta empresa será responsable de la elaboración de los proyectos, del pago de las licencias necesarias, de la construcción de las viviendas y, durante un periodo de 50 años, de su explotación efectiva.

La inversión total para llevar a cabo este ambicioso proyecto asciende a 34,7 millones de euros, de los cuales 9,7 millones serán financiados a través de fondos europeos y 7,7 millones por parte del Gobierno regional. La empresa privada participante aportará aproximadamente la mitad del total, lo que permitirá al Gobierno ahorrar cerca de 17,3 millones de euros en sus arcas públicas.

En el detalle de los nuevos edificios, está previsto que se construyan 39 viviendas en Reinosa, en el terreno que ocupaba la antigua clínica de la Avenida Castilla; 37 en Laredo, en el sector 6 del Plan General de Ordenación Urbana; 36 en Santa Cruz de Bezana, a lo largo de la Avenida de la Libertad de Mompía; 32 en Torrelavega, en la zona de El Valle (Sierrapando); 30 en Polanco, específicamente en el barrio Mijares de Rumoroso; y 28 en Santoña, en la calle Celestino del Pielago.

En una presentación reciente, el consejero de Fomento, Roberto Media, acompañado por los alcaldes de los municipios involucrados (a excepción del alcalde de Reinosa, quien no pudo asistir por compromisos), defendió este modelo de colaboración. Media argumentó que este enfoque permitirá que una parte significativa de la inversión no dependa de fondos públicos, lo que liberará recursos para otras iniciativas que buscan aumentar el escaso parque público de vivienda en Cantabria.

El consejero subrayó que solo a través de estas políticas se podrá regular los precios y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a viviendas dignas y asequibles. Destacó la crisis de acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones de su administración y sostuvo que la colaboración entre el sector público y privado ha llegado para quedarse, siendo ya común en la mayoría de las comunidades, independientemente de su color político.

El Gobierno, como propietario de los terrenos sobre los que se desarrollarán las viviendas—que serán cedidos por los respectivos ayuntamientos—, otorgará el derecho de explotación a la empresa que resulte ganadora del concurso por un periodo de 50 años. Durante este tiempo, la empresa estará obligada a mantener las viviendas en condiciones óptimas, y tras finalizar este periodo, las propiedades volverán a ser parte del patrimonio de Gesvican, asegurando que nunca sean vendidas y se mantengan en el parque público.

La parte de la inversión que asumirá el Gobierno regional, que asciende a 7,7 millones de euros, se distribuirá a lo largo de los diez años posteriores a la finalización de la construcción, en pagos anuales de aproximadamente 770.000 euros, lo que el consejero considera bastante asequible. Esto significa que la financiación pasará de un 72% del total en la anterior planificación a solo un 22,2% en esta nueva iniciativa, mientras que la empresa privada se encargará de cubrir el 50% del presupuesto global de 34,7 millones de euros.

Los inmuebles anunciados se integran en un lote más amplio de 285 viviendas de protección oficial que el Gobierno ya había proyectado para habilitar de manera inmediata en otros nueve municipios. De hecho, ya se han puesto en marcha 30 de estas viviendas en Santillana del Mar, Reinosa y Marina de Cudeyo, lo que contribuirá a un incremento del 53% en el actual parque público de vivienda. El objetivo del Ejecutivo es, al finalizar esta legislatura, duplicar la cantidad de viviendas disponibles en este sector.

Media no ha escatimado críticas hacia la anterior legislatura, señalando que no se logró construir ninguna vivienda de protección oficial en ese periodo. También lamentó la restricción en el mercado que ha producido la nueva Ley de Vivienda del Gobierno central, la cual, según él, favorece la okupación y desmotiva a los propietarios a ofrecer sus pisos vacíos en alquiler.

El consejero hizo hincapié en que desde la implementación de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, un impresionante 37,2% de los inmuebles en el mercado de alquiler en Cantabria han desaparecido, y subrayó la necesidad de incrementar la oferta de vivienda como la clave para reducir los precios. Los alcaldes presentes en la reunión coincidieron en señalar el acceso a la vivienda como una de las crisis más importantes que enfrentan sus municipios, especialmente entre los jóvenes.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, destacó que los precios de alquiler en su ciudad rondan entre los 750 y 800 euros, lo que considera abusivo. Esta preocupación también fue compartida por el alcalde de Laredo, Miguel González, quien lamentó la situación en su municipalidad, especialmente teniendo en cuenta su carácter turístico.

Asimismo, Jesús Gullart, el regidor de Santoña, puso énfasis en que los salarios no han crecido en sintonía con la inflación, lo que ha llevado a muchos jóvenes a buscar oportunidades en otros lugares. Rosa Díaz, la alcaldesa de Polanco, añadió que luego de la pandemia, muchas personas han optado por mudarse a pueblos, resultando en una notable reducción de la oferta de viviendas disponibles.

A pesar de los retos, todos coincidieron en que iniciativas como la anunciada brindan esperanzas renovadas. Carmen Pérez Tejedor, regidora de Santa Cruz de Bezana, enfatizó que tienen disponible el suelo necesario y están decididos a seguir impulsando proyectos en esta dirección.