En un giro inquietante para la conservación de la fauna en Cantabria, el Gobierno regional ha comenzado a implementar eliminaciones de lobos, alcanzando ya la cifra de 35, de un total de 41 permitidos bajo el esquema de control establecido a principios de año. Este paquete de medidas, que se activó tras una evaluación del impacto del lobo en la agricultura, incluye ahora la autorización para cazar los restantes seis ejemplares.

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, destacó en una reciente conferencia de prensa que, si se utilizan todos los permisos disponibles antes de junio de 2026 y persistieran los informes de daños al ganado, la administración podría ampliar la cifra de lobos a extraer. Sin embargo, cualquier incremento se descontaría del cupo en el próximo periodo de gestión.

Durante su intervención, Susinos reveló que de los 35 lobos eliminados, 29 han sido cazados, mientras que los otros seis han muerto por diversos factores, incluyendo causas naturales y accidentes. Además, la consejera informó que las nuevas extracciones se llevarán a cabo en diversas zonas estratégicas, como Nansa, Saja, Campoo-Los Valles, Besaya, Pas-Pisueña y Asón-Montaña Oriental.

Los datos son alarmantes: en solamente nueve meses, Cantabria ha registrado 2.425 ataques atribuibles a lobos, que resultaron en la muerte de 2.812 animales y dejaron a 328 heridos. A pesar de ello, al finalizar el año, se espera que los totales de ataques y muertes no superen las cifras del año anterior, 2024, que contabilizó 2.681 ataques y 3.223 muertes de ganado.

Los reportes indican que el 37% de los animales afectados han sido potros, cifra que el sector estima en alrededor de 1.046; le siguen las pérdidas en ganado ovino, con 923 casos, y en ganado bovino, con 667. La región de Campoo se ha visto particularmente afectada, siendo el escenario de 742 ataques, seguida de Pas-Pisueña y Saja.

El desglose de las cifras no se detiene ahí. Desde el inicio del año, se han tramitado 1.658 expedientes por daños de lobos, de los cuales 185 han sido rechazados, lo que equivale a un 11%. Las indemnizaciones alcanzan ya los 894.000 euros, reflejando la tensión creciente entre las políticas de conservación y la protección de la Agricultura.

En la reunión de la Mesa del Lobo, la consejera también proporcionó actualizaciones sobre un nuevo plan de gestión que se busca aprobar en el primer trimestre de 2026. Aunque en un principio se esperaba que estuviera listo antes de que finalizara 2025, el proceso se ha visto retrasado debido a la necesidad de ampliar el plazo para la presentación de alegaciones. Este desarrollo pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la administración en encontrar un equilibrio entre la preservación de la biodiversidad y la protección de los intereses agrícolas.