El Gobierno de Cantabria ha culminado la creación de un detallado mapa de establecimientos de juego en la región, que proporciona información clave sobre la ubicación y el cumplimiento de las normativas correspondientes. Esta herramienta busca ofrecer transparencia y asegurar que se respeten las regulaciones vigentes, especialmente en lo que respecta a la protección de los consumidores y grupos vulnerables.

Recientemente, la comunidad ha llegado al máximo permitido de 50 salones de juego, tras la concesión de una autorización provisional por parte del Ejecutivo. Este avance está en línea con las medidas de planificación establecidas por la legislación autonómica, que tiene como objetivo salvaguardar los intereses y derechos de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha subrayado la importancia de esta iniciativa en un comunicado. Además, ha compartido el borrador del primer plan estratégico para prevenir el juego patológico, que pretende alinear esfuerzos para combatir este problema y brindar un mejor apoyo a quienes lo padecen.

Este plan estratégico surge como una respuesta integral que busca prevenir y mitigar la adicción al juego, promoviendo una atención adecuada a quienes la experimentan. Durante una reunión del Consejo Técnico encargado de la coordinación y seguimiento de estas medidas preventivas, se abrirá un período en el que diversas entidades, incluyendo asociaciones de padres y profesionales en el ámbito de las ludopatías, podrán presentar sus propuestas para enriquecer el documento inicial.

La consejera Isabel Urrutia ha enfatizado la necesidad de contar con la cooperación de todos los actores sociales para lograr los objetivos planteados en el plan, abogando por el fortalecimiento de las protecciones para colectivos como los menores. Urrutia ha considerado que las acciones de prevención y planificación son fundamentales para atenuar el impacto del juego en la salud pública.

Según el Gobierno, las asociaciones que trabajan con personas afectadas por adicciones han valorado positivamente esta iniciativa y las estrategias propuestas, agradeciendo la inclusión de sus sugerencias en el borrador. El plan incluye propuestas que abarcan cinco líneas estratégicas destinadas a mejorar la comprensión del problema del juego, las necesidades de la población afectada y a fomentar la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a mejorar la formación del personal involucrado en este ámbito.

Otras de las líneas de acción se enfocan en la mejora de la prevención del juego, promoviendo conductas alternativas y fortaleciendo la supervisión y regulación del sector. Urrutia ha anunciado también una campaña informativa en colaboración con entidades especializadas en adicciones, como AMAT y Proyecto Hombre, para brindar recomendaciones a la población sobre el manejo de la adicción al juego y estrategias de prevención.

En otro orden de cosas, el Gobierno ha finalizado el mapa de locales de juego, establecido ya el límite de 50 salones operativos en la región. Así lo han informado a los miembros del Consejo, detallando los criterios técnicos utilizados para calcular las distancias entre locales, que se fijan en 500 metros con respecto a otros establecimientos, así como centros educativos y unidades de salud mental, posicionándose así como uno de los marcos normativos más restrictivos a nivel nacional.

La consejera ha reafirmado el compromiso del Gobierno para implementar nuevas medidas que prevengan el abuso del juego, especialmente en adolescentes. Se ha mencionado la creación de un protocolo de actuación que mejore la respuesta institucional en la implementación de medidas de protección para menores y aquellas personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Por último, Urrutia ha presentado un balance de las inspecciones realizadas en los locales de juego. A lo largo de 2025, hasta la fecha, el Gobierno regional ha llevado a cabo un total de 2.916 inspecciones en establecimientos de juego y otras 4.638 en máquinas recreativas, lo que denota un esfuerzo significativo para asegurar el cumplimiento de las normativas y la protección de las personas más vulnerables, en particular a quienes se han autoprohibido el acceso.