Este año, el Gobierno de Cantabria se prepara para introducir un nuevo plan de gestión que trae consigo un enfoque renovado en la regulación de las indemnizaciones y la inclusión de los municipios de Arredondo y Ruesga en la área designada como 'lobera'.

En los últimos dos meses y medio, las autoridades han intervenido en la extracción de 16 lobos tras su salida del listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). A estos, se suman cinco ejemplares que han muerto por diversas causas, lo que eleva el total a 21 lobos eliminados, lo que representa la mitad del cupo permitido de 41 según el plan de gestión actual.

Estas 16 extracciones, distribuidas en localidades como Campoo, Nansa, Besaya, Saja y Asón, incluyen tanto hembras como machos. Además, entre las muertes por atropello y enfermedades, se contabilizan cinco más, que también se consideran dentro del control poblacional establecido.

La Consejería de Desarrollo Rural mantiene vigentes cinco resoluciones que podrían ejecutarse antes del 30 de junio. La titular del departamento, María Jesús Susinos, ha resaltado que, en caso de ser necesario, podrían emitirse más resoluciones para amparar la seguridad del ganado, en función de los daños reportados por los ganaderos.

Durante la presentación del nuevo plan, que se espera sea aprobado a finales de este año, Susinos destacó que entre sus principales novedades se encuentra una reestructuración que reducirá de tres a dos las zonas de gestión de la población de lobos. La primera zona abarcará 38 municipios, incluyendo ahora a Arredondo y Ruesga, facilitando a estos locales recibir compensaciones por servicios ambientales.

La segunda zona incluirá los restantes 64 municipios, donde no se espera la presencia habitual del lobo, aunque se permitirá la existencia de ejemplares solitarios, pero no de manadas. Susinos subrayó las incongruencias actuales en la situación, donde los lobos están causando estragos en áreas urbanizadas y costeras.

En compañía del director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, la consejera anticipó que el nuevo plan mantendrá un cupo de extracción del 20% de la población de lobos en la región. También se incorporará un sistema que simplificará el proceso para que los ganaderos reporten daños, incluyendo un nuevo baremo de indemnización más adecuado a los precios de mercado.

Igualmente, se prevé establecer ayudas para implementar medidas preventivas contra los depredadores, como la instalación de mastines, vallas o cierres, y la idea de institucionalizar la Mesa del Lobo, que actualmente opera como un órgano consultivo.

Cabe destacar que organizaciones como Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) decidieron ausentarse de la reunión, argumentando falta de confianza en el diálogo con el Gobierno, al que acusan de tener una agenda centrada en eliminar lobos basándose en datos poco confiables. Estas organizaciones se plantean emprender acciones legales para exigir el respeto de la normativa vigente.

Susinos respondió a estas acusaciones calificándolas de "falsas" y defendió la transparencia en la gestión administrativa, lamentando que los grupos ecologistas optaran por abandonar las discusiones en lugar de contribuir con sus aportaciones en el proceso de toma de decisiones.

Se refirió también a los casos judiciales promovidos por ecologistas en los que, según ella, el Gobierno ha salido victorioso, afirmando que las instancias judiciales han respaldado las acciones del Ejecutivo. Finalmente, subrayó que las operaciones realizadas son parte de un control poblacional legítimo y no de una caza indiscriminada, desvinculando así las críticas sobre la metodología empleada para abordar la población de lobos en Cantabria.