En Santander, el Gobierno regional ha firmado junto a diversos colectivos profesionales el primer Pacto para la Justicia de Cantabria, que incluye 12 compromisos distribuidos en tres áreas clave. Estos compromisos buscan aumentar la dotación de recursos humanos y materiales en el sector, implementar el expediente judicial electrónico, eliminar el uso del papel, y mejorar los servicios relacionados con la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para colectivos con necesidades especiales.

Además, el acuerdo contempla la construcción y mejora de edificios judiciales, así como un plan de inversión en infraestructuras a lo largo de los próximos cinco años para abordar la falta de espacio físico en la región.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la creación de una nueva sede para los Juzgados de Laredo y para el Instituto de Medicina Legal, la ampliación de Las Salesas, espacios para la protección de testigos y víctimas especialmente vulnerables, renovación de los calabozos y adecuación de las dependencias del Palacio de Justicia de la Calle Alta y el Edificio Europa en Santander, así como un estudio de alternativas para mejorar las sedes judiciales en la capital.

El pacto también incluye una inversión de 6,6 millones en la digitalización de la Administración de Justicia y del Registro Civil, así como la modernización de los juzgados de paz y la implementación completa del sistema de gestión Vereda.

El acuerdo fue firmado en la sede del Gobierno por la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, la fiscal superior de la comunidad, Pilar Jiménez, y representantes de colegios profesionales y sindicatos de la Administración de Justicia.

Sáenz de Buruaga destacó la importancia de este pacto como un paso "inédito" en Cantabria para revertir el deterioro de la Administración de Justicia y dotarla de mejores recursos. Además, señaló la relevancia de defender la Justicia en un momento crítico donde se cuestiona la independencia de jueces y magistrados.

Entre los compromisos del pacto se incluye la propuesta de promover un Plan de empleo en el sector ante el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar más recursos personales y asegurar el relevo generacional de los empleados que se jubilarán próximamente. También se revisará la normativa autonómica en materia de personal para agilizar la gestión de recursos humanos y mejorar el servicio al ciudadano.