24h Cantabria.

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Cantabria se impone el objetivo de establecer un Pacto para la Justicia en 2024, debido a la crítica situación que atraviesa.

Cantabria se impone el objetivo de establecer un Pacto para la Justicia en 2024, debido a la crítica situación que atraviesa.

El Gobierno de Cantabria y el sector de la Justicia están trabajando para llegar a un acuerdo en el primer semestre de 2024 con el objetivo de poner fin a la grave situación que enfrenta la Administración en la región y resolver los conflictos internos entre los trabajadores. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha manifestado que se han abordado las áreas a negociar y se ha acordado presentar las propuestas el 31 de enero para poder sentarse a discutir el Pacto por la Justicia. Se espera que este pacto incluya mejoras en las condiciones de trabajo, así como en los medios materiales y procesales.

El Gobierno central ha sido criticado por no abordar adecuadamente la situación de la Administración de Justicia en Cantabria, que se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19 y las huelgas realizadas por letrados, jueces, fiscales y funcionarios. Además, la consejera ha lamentado que Comisiones Obreras (CCOO) se haya negado a participar en las negociaciones.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, ha calificado la reunión como muy útil y ha destacado la importancia de resolver los problemas que atraviesa la Administración de Justicia en la región. Confía en que el Ministerio de Justicia escuche las demandas justas y legítimas de los trabajadores y en que se implementen leyes que mejoren su funcionamiento.

El Colegio de Abogados considera este encuentro como un hito importante y ha presentado propuestas para abordar los problemas que enfrenta la Oficina Judicial. Entre las medidas propuestas se encuentra la implementación de un control de horarios más estricto, una mayor coordinación en la actividad y la creación de un expediente electrónico accesible a los profesionales. Los abogados también abogan por establecer un código de buenas prácticas y agilizar los tiempos de respuesta en los señalamientos.

El Colegio de Procuradores ha destacado la importancia de este pacto para dotar de medios materiales a la Justicia y mejorar la tensión existente en el ambiente profesional.