En Santander, el Gobierno regional está tomando medidas para abordar el problema creciente de las ocupaciones ilegales en Cantabria. La Dirección General de Vivienda, en colaboración con la Federación de Municipios de Cantabria, llevará a cabo la creación de un mapa de 'okupaciones' en la comunidad.

El consejero de Fomento, Roberto Media, del Partido Popular, ha anunciado que se ha celebrado la primera reunión de la Comisión de Coordinación de Medidas contra la Ocupación Ilegal de Viviendas en Cantabria. En esta reunión se han discutido iniciativas para combatir esta problemática que está en aumento.

Se ha acordado con la Federación de Municipios que cada ayuntamiento proporcionará a la Consejería información sobre el número de viviendas ocupadas en sus localidades. El objetivo es tener un panorama global de la situación en toda la región.

El consejero ha señalado áreas en las que las okupaciones ilegales son un problema, como Argoños, Meruelo, Polanco, Torrelavega, Penagos o Cicero, entre otros. Destacó la necesidad de que las autonomías tengan más herramientas para abordar esta problemática y criticó las medidas tomadas por el Gobierno de España en los últimos años.

En este sentido, mencionó que actualmente se está tramitando en el Senado un proyecto de ley para cambiar el Código Penal con el objetivo de equiparar la legislación española a la europea. También destacó que el Gobierno regional llevará estas medidas al Parlamento de Cantabria en busca de un consenso amplio.

Además, se ha nombrado a miembros de diversos partidos políticos en la Comisión de Coordinación, incluyendo al alcalde de Argoños del PP, al alcalde de Bárcena de Cicero del PRC, y a la alcaldesa de Castro Urdiales del PSOE, asegurando así la representación de los cuatro partidos que gobiernan en los municipios cántabros.

Por otra parte, se está elaborando un nuevo plan de Movilización de Vivienda Vacía (MOVIVA) debido al fracaso del plan anterior presentado por el Gobierno anterior. El nuevo plan se lanzará con mayores garantías para animar a los propietarios de viviendas vacías a colaborar con el Ejecutivo.