SANTANDER, 11 de diciembre.

El Gobierno de Cantabria se encuentra en la fase final de la implementación de su nueva estructura judicial en Santander, asegurando que se respetarán los plazos establecidos por la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que son considerados "exigentes".

Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, ha compartido que esta es la tercera etapa de un proceso iniciado hace meses, el cual tiene como objetivo adaptar los tribunales unipersonales a la nueva configuración de tribunales de instancia en la capital cántabra.

Urrutia ha afirmado que la nueva Oficina Judicial de Santander estará completamente operativa a partir del 1 de enero, cumpliendo así con lo establecido por la legislación nacional y garantizando la continuidad en el servicio a los ciudadanos.

A pesar de las dificultades y la falta de apoyo del Ministerio de Justicia en la implementación de esta normativa, la consejera ha expresado su convicción de que Cantabria se convertirá en un modelo a seguir en el país gracias a la dedicación y esfuerzo conjunto de jueces, fiscales, y el personal administrativo involucrado.

En un comunicado, Urrutia ha mencionado que en los últimos días se han actualizado las denominaciones de las sedes judiciales ubicadas en la calle Alta y en el edificio Europa, y que los cambios en el complejo judicial de Las Salesas se llevarán a cabo en breve.

Estas acciones se enmarcan dentro de la reorganización del personal de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, la cual se inició con la aprobación de las relaciones laborales publicadas el 23 de septiembre en el Boletín Oficial de Cantabria. Este proceso ha adaptado las estructuras de trabajo en la capital a las nuevas exigencias establecidas por la ley estatal.

Urrutia también ha apuntado que tras la aprobación del Protocolo de Actuación de la Oficina Judicial de Santander por parte de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) el pasado 9 de diciembre, se están llevando a cabo los últimos ajustes en el sistema de gestión procesal 'Vereda', así como en la organización de la infraestructura del nuevo servicio judicial.

Con esta nueva implementación, el partido judicial de Santander será el último de los ocho partidos que componen Cantabria en adaptarse a esta legislación, después de que los demás partidos, como Castro Urdiales y Torrelavega, ya adoptaran la nueva estructura desde julio.

La consejera ha reiterado su crítica a la falta de apoyo financiero por parte del Ministerio de Justicia para llevar a cabo esta transición, citando que su departamento ha destinado 2,4 millones de euros para poner en práctica las reformas necesarias.

Este gasto, asegura Urrutia, será solicitado al Gobierno central, subrayando que el nuevo modelo judicial es el resultado de una ley que impone estas condiciones y que el cambio debe ser respaldado adecuadamente por el Estado.

Finalmente, la consejera ha lamentado que la reestructuración judicial se haya realizado sin la colaboración necesaria de las comunidades autónomas con competencias en esta área, destacando que el Ministerio ha trasladado a estas regiones todos los costos asociados a la reforma.