SANTANDER, 11 de febrero. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, perteneciente al PSOE, ha manifestado la necesidad urgente de una ley impulsada por el Gobierno central que limite la colaboración entre el sector público y privado en el ámbito de la salud. Casares señaló que esta medida es esencial para prevenir tendencias alarmantes de privatización que han comenzado a manifestarse en la región, similar a lo que ha ocurrido en Madrid.

Durante una rueda de prensa, Casares expresó su preocupación por el avance de procesos de privatización en varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Afirmó que el PSOE tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos públicos se destinen a fortalecer y mejorar el sistema de salud pública, en lugar de permitir su desmantelamiento.

En relación a la situación en Cantabria, Casares criticó a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, acusándola de engañar a los ciudadanos al afirmar que no se ha privatizado la atención sanitaria, a pesar de que se ha anunciado una inversión de 256 millones de euros en un contrato de privatización con el Hospital de Santa Clotilde.

Casares explicó que la discusión no debe centrarse en la colaboración entre el sector público y privado como concepto, que puede ser beneficioso, sino en la desviación de fondos públicos hacia la sanidad privada. Advirtió que esta situación está perjudicando gravemente a la sanidad pública, donde se observan escasez de recursos, aumento de las listas de espera, cierre de consultorios rurales y falta de médicos en los servicios de urgencia.

El delegado del Gobierno destacó la urgencia de frenar esta tendencia y pidió respeto hacia la presidenta, subrayando que su administración está desempeñando un papel significativo en el proceso de privatización de la sanidad en Cantabria. Casares criticó que se estén externalizando servicios sanitarios esenciales, como el cribado del cáncer de mama y de colon.

Desde el PSOE, Casares se comprometió a utilizar todas las herramientas a su disposición para detener esta situación, con el objetivo de evitar que Cantabria siga el camino de Madrid, donde una cantidad considerable de la población ha sido empujada hacia el sistema de salud privado, lo que ha deteriorado el servicio público.

Al ser preguntado sobre si la nueva ley podría afectar contratos como el de Santa Clotilde, Casares resaltó que la legislación está diseñada para impedir la gestión privada total de hospitales públicos, una situación que ya se ha normalizado en Madrid y que podría extenderse a otras comunidades bajo el control del PP.

Casares advirtió que el primer paso para privatizar hospitales enteros es la externalización de ciertos servicios públicos. Criticó los convenios opacos que se establecen por largos plazos, asegurando que el Partido Socialista se opone firmemente a este tipo de acuerdos.

Finalmente, el delegado defendió que si bien es posible una colaboración público-privada en la sanidad, los recursos públicos no deben ser utilizados para financiar la atención privada. Casares realizó estas declaraciones antes de participar en la inauguración de un evento con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia en la Delegación.