En la jornada del 22 de noviembre, la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Correos Cantabria ha lanzado una contundente crítica hacia las estrategias de desregulación y ajuste que, según ellos, está implementando la empresa pública postal. Esta situación, argumentan, responde a un intento de solucionar un profundo agujero financiero que ha estado presente durante los últimos cinco años, caracterizado por crisis de gestión, social y laboral. En Cantabria, se estima que el recorte de personal alcanza un alarmante 40%, lo que equivale a 240 puestos vacantes de un total de 645.

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, Juan Carlos Aizpurua, secretario provincial de CCOO en Correos Cantabria, dejó claro que la organización no se mostrará dispuesta a aceptar estas medidas que, en su opinión, impactan de manera particularmente negativa en la reducción de contrataciones necesarias para los puestos estructurales de la empresa en la región.

Aizpurua enfatizó que la insuficiencia de personal disponible para realizar el reparto, así como en las oficinas de Atención al Cliente y en el Centro de Tratamiento, repercute directamente en la ciudadanía. Esta problemática se traduce en demoras considerables en la recepción de correos, notificaciones y paquetería. Particularmente, subrayó que esta situación tiende a ser más crítica en las zonas periféricas de las ciudades, los polígonos industriales, el entorno rural y las pequeñas poblaciones.

El líder sindical también destacó que, como consecuencia del recorte de personal, los trabajadores se enfrentan a una sobrecarga laboral notable. Este aumento en la carga de trabajo se refleja en recorridos de reparto más largos, tiempos de espera excesivos en las oficinas y una acumulación de tareas que resulta en un ambiente laboral muy estresante.

Los números son contundentes: en Cantabria, actualmente hay cerca de 240 vacantes en una plantilla de 645 personas. Este déficit afecta a todos los centros de trabajo de la comunidad. Por ejemplo, en Santander, el déficit en el servicio de reparto es del 36%, mientras que en atención al cliente alcanza el 20%. En Torrelavega, se reporta un 35% de vacantes, e incluso en localidades como Polientes y Ampuero, estas cifras ascienden al 50% y 40% respectivamente.

Esta problemática es el resultado de un periodo de cinco años marcado por pérdidas acumuladas que superan los mil millones de euros, una reducción drástica del 50% en los envíos y un deterioro significativo de la marca Correos. Aizpurua añadió que la situación ha generado numerosas quejas por parte de la ciudadanía y de los ayuntamientos, debido a la falta de personal para garantizar un servicio diario adecuado. La precarización de las condiciones laborales y un notable quiebre en el diálogo social también se han vuelto preocupantes.

Aizpurua manifestó que la dimisión del presidente de Correos, considerada como una de las figuras más controversiales en la historia de la empresa, debería ser vista como una oportunidad para reestablecer la viabilidad de la mayor empresa pública del país, especialmente tras las movilizaciones organizadas por CCOO y UGT.

El representante sindical también mencionó el reciente nombramiento de Pedro Saura al frente de Correos, indicando que esto debe verse como un cambio de dirección y un nuevo comienzo en las negociaciones con los sindicatos. Este cambio ha dado lugar a la firma del Acuerdo Marco Estratégico para la recuperación, transformación y reposicionamiento de la empresa pública en julio pasado.

No obstante, Aizpurua advirtió que este plan presenta un incremento en la financiación que considera insuficiente y un enfoque estratégico que resulta limitado, pues se basa en un modelo conservador que no contempla la expansión ni el crecimiento de ingresos. Además, criticó las propuestas para el nuevo convenio colectivo, las cuales considera inaceptables. En este sentido, reafirmó que CCOO no está de acuerdo en que se continúe con el modelo de ajustes de personal, ni en la búsqueda de un convenio similar al de empresas competidoras.

CCOO ha propuesto una visión alternativa que aboga por un fortalecimiento del servicio público postal, apoyado por una financiación adecuada. Desde esta perspectiva, exigen que Correos sea designado como operador exclusivo del servicio postal universal y que se establezca como una ventanilla única para ofrecer servicios digitales y administrativos.

Asimismo, el sindicato argumenta que el nuevo marco laboral debe incluir un convenio colectivo moderno que adecue la jornada laboral a 35 horas semanales, ajustes salariales y la conversión de empleos a tiempo parcial en contratos de jornada completa, además de un plan de personal orientado a rejuvenecer la plantilla mediante la contratación de personal fijo.

Finalmente, Aizpurua hizo hincapié en que si estos objetivos no se logran, no se descarta la posibilidad de intensificar la movilización social, iniciando un calendario de protestas que busquen garantizar un servicio postal de calidad para la ciudadanía y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Correos.