En un avance significativo hacia la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, cerca de 40 ayuntamientos en Cantabria han logrado acceder a las subvenciones otorgadas por el Gobierno regional. Estas ayudas están destinadas a facilitar la creación de un censo y un cronograma para la eliminación de instalaciones que contienen amianto, un material conocido por sus riesgos para la salud.

Según la reciente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 27 de agosto, la convocatoria lanzada por la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha agotado su presupuesto de 150.000 euros. Esto ha generado un alto interés en los municipios, lo que podría llevar a una nueva ronda de financiación en el futuro.

El objetivo principal de estas subvenciones es respaldar a los municipios en la creación de este registro, que se ha convertido en una obligación bajo la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Hasta ahora, solo Ramales de la Victoria y Laredo han establecido dicho censo, lo que pone de manifiesto la necesidad de más apoyo para los consistorios.

Roberto Media, el consejero responsable, destacó la relevancia de estas ayudas para reducir la carga financiera que los ayuntamientos enfrentarían en dicho proceso. En su comunicado, enfatizó que estas acciones no solo son un paso hacia la legalidad, sino que también representan un beneficio considerable para el medio ambiente y la salud pública.

Ante el elevado número de solicitudes recibidas, Media no descarta la posibilidad de lanzar una nueva convocatoria que satisfaga la demanda de los ayuntamientos que buscan actuar de forma responsable y cumplir con la normativa vigente.

La Ley establece que es responsabilidad de cada ayuntamiento confeccionar un censo detallado de las instalaciones que contienen amianto y un calendario de acción que evalúe su riesgo y planifique su retirada. Aunque la normativa entró en vigor el 8 de abril de 2023, hasta el momento, solo un par de municipios han tomado la iniciativa de cumplir con esta obligación.

Tanto el censo como el calendario deben ser accesibles al público y comunicados a las autoridades competentes en materia de salud, medio ambiente y trabajo. En particular, los lugares considerados de alto riesgo, como edificios públicos, deberán ser gestionados antes de 2028, lo que exige a los municipios realizar inspecciones exhaustivas para identificar los materiales peligrosos.

Una vez detectadas las instalaciones con amianto, se llevará a cabo una evaluación de prioridades para su retirada, que incluirá no solo edificios residenciales y comerciales, sino también infraestructuras críticas como redes de agua, caminos y otras construcciones esenciales.