La Audiencia Provincial de Cantabria ha dado un paso importante en el caso Gesvican, ratificando este viernes un acuerdo que pone fin a un proceso judicial que ha puesto en entredicho la ética en la administración pública. En esta sesión, se ha llegado a un consenso entre la Fiscalía, el Gobierno regional y los cinco procesados, quienes se enfrentarán a multas, algunas de las cuales alcanzan los 2.420 euros, y sufrirán la suspensión de su capacidad para ejercer cargos o empleos públicos durante dos años, en el caso de dos de los acusados, que eran técnicos de la empresa pública.

El acuerdo también establece que los cinco imputados, que desempeñaron roles clave en el amaño de contratos vinculados a la anterior Consejería de Obras Públicas, se ven obligados a pagar una indemnización colectiva de 53.000 euros al Gobierno de Cantabria, que actúa como acusación particular. Las contribuciones individuales variarán según el nivel de responsabilidad de cada uno en el escándalo.

Los dos trabajadores de Gesvican han sido condenados por un delito continuado de actividad prohibida para funcionarios públicos, mientras que los otros tres procesados han sido considerados cómplices necesarios. Este acuerdo busca reparar, en parte, los daños ocasionados, ya que se ha tenido en cuenta la confesión de los acusados y la compensación ya realizada por la indemnización.

Las sanciones impuestas son específicas: los técnicos de Gesvican deberán abonar una multa aproximada de 2.420 euros y no podrán ocupar puestos que impliquen la evaluación de proyectos de contratación pública durante los próximos dos años. Por su parte, los responsables de las empresas implicadas, Rucecan y Senor, enfrentarán multas de 1.620 euros y 1.350 euros, respectivamente.

En términos de la indemnización, se detalla que a los dos empleados de Gesvican les corresponde pagar 16.975 y 9.625 euros, respectivamente; mientras que cada responsable de Rucecan deberá abonar 10.875 euros, y el de Senor deberá pagar 4.750 euros. Además, el juez ha indicado que también se les impondrá el pago de los costes del proceso, lo cual no se contemplaba en el acuerdo inicial.

Esta vista ha tenido lugar después de un largo proceso de instrucción que se ha evitado el juicio con jurado que estaba previsto. En noviembre pasado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander abrió la fase de juicio oral contra estos dos empleados de Gesvican, quienes eran acusados de recibir pagos a cambio de elaborar proyectos para empresas que competían por contratos públicos, a la vez que sus empleadores, SENOR y RUCECAN, pagaban por garantizar una buena valoración en las adjudicaciones.

El caso Gesvican se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre irregularidades en la Consejería de Obras Públicas, cuyo principal acusado ha sido encarcelado este mes. Los cinco implicados han reconocido su participación en los hechos y se han alineado con la acusación que vincula a todos ellos en una conspiración para manipular los procesos de contratación pública en beneficio propio.

Los pagos que recibían por sus estrictas funciones en la elaboración de propuestas ascendían a diversos montos, dependiendo del éxito de las mismas. Si la técnica que implementaban situaba a la empresa en las primeras posiciones, recibían tarifas de hasta 5.000 euros por contrato adjudicado. Sin embargo, este sistema ha convertido la competencia justa en un juego manipulado, afectando la calidad de las obras y dañando las arcas del Gobierno de Cantabria.

Las irregularidades han demostrado no solo un abuso de poder, sino un desprecio por los principios de transparencia que deberían regir en la administración pública, resaltando la urgente necesidad de reformas que restauren la confianza ciudadana en las instituciones.