El 3 de noviembre de 2025, la Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria reportó que 59 personas se encuentran en una situación crítica de dependencia, es decir, están oficialmente reconocidas como dependientes pero aún aguardan la asignación de sus prestaciones.

La resolución de estos casos presenta un tiempo medio de 211 días, superando en 31 días el tiempo máximo legal establecido. Solo cuatro comunidades autónomas cumplen con los plazos y Cantabria, junto a Navarra, se encuentra muy cerca de alcanzar este estándar.

En una sesión del Parlamento de Cantabria, la consejera Begoña Gómez del Río, del Partido Popular, expuso estos datos en respuesta a una pregunta planteada por el Partido Regionalista de Cantabria, subrayando las deficiencias en la gestión de la dependencia.

Gómez del Río argumentó que, a pesar de las cifras que pueden parecer alarmantes, el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales considera los datos “altamente positivos”. Este informe data del 30 de septiembre y sostiene que el "limbo" de la dependencia se refiere a aquellos que han sido reconocidos como dependientes, pero aún no reciben prestaciones económicas o servicios de apoyo. Esto significa que, aunque se reconoce su derecho, este no se ha concretado.

La consejera también resaltó que, al comparar a Cantabria con otras comunidades, solo Aragón tiene menos personas en esta situación. Desde julio de 2023, el número de personas a la espera de recibir ayuda pasó de 693 a 59, promoviendo una reducción significativa. Gómez del Río espera que para el 31 de diciembre de 2025, solo queden 143 personas en esta situación.

A nivel nacional, los expedientes en otras comunidades tardan en resolverse, en promedio, 138 días más que en Cantabria. Gómez del Río concluyó que, aunque la comunidad no ha alcanzado el límite óptimo, sus cifras son entre las más favorables del país.

Además, destacó que este año, Cantabria ha recibido un incremento de nueve millones de euros en financiación por parte del Estado en comparación con el año anterior. Sin embargo, denunció que el Gobierno español únicamente cubre el 25% del gasto en dependencia para la comunidad, cuando debería ser el 50%. Esta discrepancia financiera es una preocupación constante para la consejería.

La consejera atribuyó la mejora en los ingresos a un “mejor trabajo” en la gestión de los servicios de dependencia. La nueva financiación se basa en factores como la necesidad y el número de beneficiarios y servicios disponibles en la comunidad.

Desde diciembre de 2022, el número de beneficiarios de prestaciones por dependencia ha aumentado, pasando de 17,553 a 18,184. Lo que se traduce en un crecimiento de las prestaciones de 26,847 en diciembre de 2023 a 28,889 en septiembre de 2025, evidenciando un avance en el ámbito de atención a la dependencia.

Estas afirmaciones han sido contestadas por la diputada regionalista Rosa Díaz, quien advirtió sobre el deterioro en el sistema de dependencia, haciendo mención a un informe alarmante del Observatorio Estatal para la Dependencia. Aunque reconoce que Cantabria no está entre las comunidades más deficitarias, expresó que la situación sigue siendo insatisfactoria.

Además, Díaz cuestionó el tiempo medio de resolución de 211 días, argumentando que las familias a menudo enfrentan dificultades para cubrir los costos de los servicios necesarios mientras esperan, y que las alternativas ofrecidas no siempre son las adecuadas para las necesidades de las personas dependientes.

Finalmente, la diputada criticó la reducción del gasto destinado a Dependencia en Cantabria, que pasó de 27.3 millones en 2023 a 14.8 millones en 2024. También instó a abordar la falta de plazas residenciales y de centros de día, señalando que las proyecciones para 2025 no se están cumpliendo y que una posible solución sería aumentar la capacidad de los centros existentes. Por último, añadió que Cantabria está por debajo de la media nacional en gasto público para personas potencialmente dependientes.