El panorama político en Cantabria se ha tornó interesante este lunes en el Parlamento, donde los grupos PRC, PSOE y Vox se unieron para respaldar una propuesta que busca aumentar en un 25% el Fondo de Cooperación Municipal dentro de los presupuestos autonómicos para 2026. Esta iniciativa fue aprobada a pesar de la oposición de los representantes del Partido Popular, quienes argumentaron que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ya había consentido en incluir un aumento del fondo solicitado por la Asamblea de la Federación de Municipios y la Comisión de Administración Local.

La propuesta presentada por el PRC tiene como finalidad aliviar “el alto coste de los servicios públicos” y resalta la necesidad de modernizar la ley vigente desde 2020 que rige este fondo, la cual, según indican, ha quedado desactualizada. Este llamado a la reforma se enfatiza en la importancia de adaptar el apoyo financiero a las realidades actuales de los municipios.

Este movimiento ha sido justificado por el PRC como una manera de compensar las cargas económicas que los ayuntamientos asumen debido a las competencias "impropias". De este modo, se busca no solo garantizar la sostenibilidad financiera de los municipios, sino también disminuir las desigualdades entre territorios, otorgando especial atención a aquellos municipios más pequeños y con limitaciones económicas.

En los últimos años, el Fondo de Cooperación Municipal había tenido incrementos modestos, que no alcanzaron a cubrir plenamente las necesidades locales. La diputada regionalista Rosa Díaz, quien también ocupa el cargo de alcaldesa en Polanco, criticó la situación actual, afirmando que muchos ayuntamientos continúan asumiendo responsabilidades adicionales debido a su cercanía con los ciudadanos. En este contexto, enfatizó que este fondo es un recurso “corrector y necesario” para contrarrestar el impacto presupuestario de las competencias no reconocidas y el servicio público.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Mario Iglesias, defendió que el fondo otorga autonomía a los ayuntamientos para gestionar los recursos conforme a sus prioridades, a diferencia de las subvenciones o los fondos europeos, que tienen restricciones en su uso. Iglesias también recordó la historia del fondo, señalando que fue creado en 2006 durante la gestión de la exvicepresidenta Dolores Gorostiaga, posteriormente eliminado en 2013 bajo un gobierno del PP —del cual Buruaga era parte—, y finalmente recuperado en 2016 por el gobierno PSOE-PRC.

Iglesias apuntó que es lamentable que la presidenta haya solicitado a los alcaldes que hagan presión sobre sus partidos para aprobar los presupuestos de 2026, ya que esto pone de relieve una falta de voluntad para abordar las necesidades municipales de forma proactiva.

Por su parte, la representante de Vox, Leticia Díaz, se posicionó a favor de un enfoque de “municipalismo sin clientelismos”, abogando por una mejora en la financiación de los pequeños municipios rurales. Sin embargo, criticó la falta de evaluación sobre los resultados del fondo, que, según su opinión, se ha distribuido sin criterios técnicos claros ni auditorías que midan el impacto real.

Díaz también hizo un llamado a reducir la “burocracia asfixiante”, sugiriendo que los alcaldes necesitan certezas sobre los ingresos y mayor libertad en la gestión administrativa, demandando así menos intervencionismo que limite sus capacidades.

En contraposición, el portavoz del Partido Popular, Juanjo Alonso, sostuvo que la asignación del Fondo de Cooperación Municipal refleja las necesidades ya comunicadas por los alcaldes, tanto en la Asamblea de la Federación de Municipios como en la Comisión de Administración Local. Además, destacó otras asignaciones destinadas a los municipios, como las transferencias corrientes y las inversiones directas, que superan los montos del año anterior, enfatizando que se están realizando esfuerzos significativos para fortalecer el apoyo a los gobiernos locales.