En Barreda, Santander, la situación en la fábrica de Solvay ha encendido las alarmas entre los trabajadores. Las organizaciones sindicales UGT-FICA, CCOO y USO han expresado su firme rechazo a la reciente propuesta de la multinacional, que contempla hasta 77 despidos en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Según los sindicatos, esta iniciativa carece de un plan industrial sólido y se centra únicamente en recortar la plantilla, exacerbando la precariedad laboral en la planta.

Durante la primera sesión del proceso de consulta sobre el ERE, celebrada este martes, los representantes de la dirección de Solvay "se limitaron a cumplir con los requerimientos formales”, lo que ha generado una gran preocupación entre los empleados. La documentación presentada revela, según los sindicatos, la verdadera intención de la empresa: no solo reducir la cantidad de personal, sino también desmejorar las condiciones laborales en Torrelavega.

Los sindicatos han señalado que los despidos afectarán a todas las áreas operativas de la fábrica, excepto a la dirección y recursos humanos, y cubrirán todas las categorías profesionales. “Esto parece ser el preludio de una reestructuración que dará paso a la subcontratación y externalización de trabajos cruciales, buscando maximizar beneficios a costa de los derechos laborales", manifestaron en un comunicado oficial. Reiteraron que la falta de un plan industrial concreto por parte de Solvay pone en riesgo el futuro de la planta.

El comité de empresa, que actualmente representa a 320 trabajadores, también ha puesto de relieve que la compañía ha recibido apoyo económico de las administraciones públicas para facilitar su transición hacia una economía más sostenible. Sin embargo, señalaron que el ERE anunciado parece ser parte de un plan más amplio orientado hacia el cierre paulatino de la planta. "Si la única manera de seguir siendo competitivos es precarizando el empleo, el futuro de esta fábrica es incierto", lamentaron.

Frente a esta situación, los sindicatos han expresado su rechazo rotundo al ERE y han abogado por la necesidad de un plan industrial que no esté basado en especulaciones, subrayando que cualquier ajuste en producción y plantilla debe realizarse mediante un Plan Social, tal como se ha llevado a cabo en el pasado en Barreda. Este llamado a la inversión parece ser esencial para asegurar un futuro sostenible para la fábrica y su plantilla.