La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una sentencia que condena a un hombre a cinco años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja, quien en ese momento contaba con tan solo catorce años de edad.

Esta resolución, aunque todavía no es firme ya que se puede presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha sido emitida por la Sección Primera de la Audiencia. Se le considera culpable de un delito continuado de abuso sexual hacia un menor de dieciséis años.

Además de la pena de prisión, la sentencia impone otras medidas de seguridad al condenado. Al finalizar su tiempo en prisión, deberá someterse a un régimen de libertad vigilada y se le prohíbe cualquier tipo de contacto o acercamiento a la joven durante un período de siete años. Asimismo, se le inhabilita para ejercer cualquier profesión que implique el cuidado o la enseñanza de menores durante un tiempo similar.

En términos de responsabilidad civil, la Audiencia ha decidido que el condenado deberá abonar una indemnización de 8.000 euros a la víctima, una suma destinada a compensar el daño sufrido, ya que la menor requirió atención psicológica como consecuencia de los abusos.

Según se expone en la sentencia, el acusado residía con la víctima, ya que estaba casado con la madre de la menor, lo que añade una capa de complicidad a la situación. Durante el período comprendido entre 2020 y 2022, el hombre accedía al dormitorio de la adolescente mientras ella dormía y, valiéndose de su posición de autoridad como padrastro, realizaba tocamientos en las piernas de la niña a través de su pijama.

La resolución detalla cómo el acusado, tras tocar las piernas de la menor, trataba de avanzar en sus agresiones, encontrando resistencia por parte de la víctima, quien le detenía la mano en un intento de proteger su cuerpo. La sentencia menciona que el agresor utilizaba tácticas manipuladoras, amenazando a la menor con manifestaciones que buscaban silenciarla o mantener su silencio a cambio de un supuesto bienestar familiar.

Fue a través de la confidencialidad con una amiga y luego con una profesora que la menor pudo romper el silencio y revelar lo que había estado sufriendo. Este acto de valentía llevó a activar un protocolo de protección que finalmente resultó en su retirada del hogar familiar.

La Audiencia ha analizado detalladamente las múltiples declaraciones de la víctima a lo largo del proceso judicial y ha llegado a la conclusión de que hay una clara continuidad y credibilidad en su relato sobre los abusos sufridos, demostrando que sus palabras no eran simplemente una repetición de un guion aprendido, sino una representación genuina de su vivencia marcada por el miedo y la vergüenza.

A pesar de las limitaciones inherentes a la corroboración externa de los testimonios, se han presentado declaraciones de varios profesionales que han tenido conocimiento de los abusos, validando así la versión de la menor. En contraste, el acusado ha negado las acusaciones, pero su defensa no ha logrado desvirtuar la posibilidad de que los hechos efectivamente ocurrieron.

La declaración de la madre de la niña, esposa del condenado, no respalda la versión de su hija, aunque ella misma no fue testigo de los hechos ya que estos ocurrieron en momentos de soledad. Esto, unido a la complejidad del vínculo familiar, sugiere un posible conflicto de intereses en su testimonio.

Finalmente, la Audiencia ratifica que se probaron los abusos cometidos por el acusado y aclara que la ausencia de tocamientos más graves se debe a la resistencia activa de la víctima. Esta resolución resalta la fase de manipulación y el intento de satisfacer deseos sexuales del condenado, subrayando la gravedad de su comportamiento hacia una menor.