En Santander, el pasado 30 de agosto, se reportó el cierre de una fiesta ilegal, mejor conocida como 'rave', que tuvo lugar en la cantera de Roiz, en Valdáliga. Este evento se desarrolló desde el 22 de agosto hasta el 27, cuando finalmente los más de 300 asistentes comenzaron a abandonar el lugar, dejando a las autoridades lidiando con las consecuencias legales de la celebración no autorizada.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria informaron a Europa Press que se interpondrán múltiples denuncias después de que se identificaran diversas infracciones, tales como la realización de un evento sin el permiso adecuado y la falta de medidas de seguridad. Estas irregularidades habrían podido desencadenar riesgos para los asistentes, lo cual ha sido un punto crítico a abordar por las autoridades.

Las violaciones van más allá del incumplimiento de las normativas de espectáculos públicos; también se ha señalado la posible transgresión de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana debido a la presencia de sustancias ilegales en un espacio público. Adicionalmente, se procederá con denuncias por acampada no autorizada y por la conducción de vehículos bajo los efectos de las drogas, lo que resultó en la detención de alrededor de 30 conductores en los controles de acceso.

La 'rave' culminó oficialmente el miércoles 27, después de cinco días de festividades. En total, 312 personas abandonaron el lugar, distribuyéndose en 116 vehículos en diferentes intervalos para evitar un éxodo masivo. Durante los controles realizados por la Guardia Civil, se registró que 29 conductores dieron positivo, siendo 28 por consumo de drogas y uno por alcohol.

La Guardia Civil, que había detectado a los organizadores del evento el martes anterior, decidió desplegar un operativo especial desde el sábado 23, cerrando los cinco accesos a la cantera para prohibir la entrada de nuevos asistentes. Este dispositivo se mantuvo vigente hasta que todos los participantes vaciaron el lugar, que, al principio, se estimaba que reunía a cerca de 400 personas.

Las sanciones impuestas son severas; los organizadores podrían enfrentar multas de hasta 600.000 euros, mientras que los asistentes podrían ser penalizados con multas que oscilan entre 150 y 30.000 euros. Además, la empresa que gestiona la cantera también ha presentado una demanda por la ocupación ilegal de sus instalaciones.