En un reciente fallo, la Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado sentencia contra un hombre, a quien se le impone una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 92.900 euros por su implicación en el tráfico de cocaína, utilizando las ganancias para adquirir propiedades inmobiliarias. Junto a él, otros dos colaboradores recibirán sendas condenas de un año de prisión cada uno.

Inicialmente, el juicio estaba programado para ayer, pero las partes lograron llegar a un acuerdo antes de su comienzo. La Fiscalía consideró que todos los implicados presentaban una atenuante significativa de drogadicción, lo que llevó a una disminución de las penas originalmente solicitadas, que ascendían a ocho años para el principal acusado y cuatro para los otros dos.

Los tres hombres admitieron su culpabilidad por un delito contra la salud pública relacionado con sustancias que generan un daño severo, además del principal acusado, quien también fue hallado culpable de blanqueo de capitales. Como parte de la sentencia, se ordenó la confiscación de uno de sus inmuebles.

De acuerdo con las pruebas que se recopilarán en la sentencia, el acusado principal estuvo involucrado en la venta y distribución de cocaína en Santander y varias localidades de Cantabria durante una década, desde 2014 hasta 2024. En un registro realizado en su vivienda, las autoridades hallaron cocaína, dos balanzas y varios dispositivos móviles, evidencias que apuntan a su actividad delictiva.

El condenado es dueño de tres propiedades, pero su declaración de ingresos no justifica la capacidad para adquirir tales bienes. Su única fuente de ingresos es su trabajo como monitor de esquí durante la temporada de invierno y una pensión modesta. Esto ha llevado a las autoridades a sospechar que sus ingresos son significativamente más altos de lo que oficialmente reporta.

Para financiar la compra de una de las viviendas, el acusado recurrió a su entonces pareja y a sus hermanos, quienes desconociendo la fuente ilícita del dinero, depositaron fondos obtenidos de la venta de drogas en sus cuentas, para luego emitir cheques que sirvieron para la adquisición del inmueble.

Respecto a sus dos cómplices, uno de ellos actuaba como distribuidor de la droga en Santander cuando el principal acusado no estaba presente. En su domicilio, se encontró cocaína, dinero proveniente del tráfico de drogas y una balanza de precisión. El otro individuo cumplía un papel similar en Val de San Vicente, donde era abastecido con cocaína por el principal acusado, como lo evidencian múltiples observaciones de las fuerzas del orden. En su registro, se hallaron también sustancias estupefacientes, balanzas y material utilizado para la distribución de droga.