Cuatro funcionarias del laboratorio de Sierrallana condenadas por coaccionar a sus compañeros, según sentencia judicial.
En una noticia reciente, el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha dictado una sentencia que condena a prisión a cuatro funcionarias del laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Sierrallana de Torrelavega. Estas mujeres han sido consideradas culpables de diversos delitos de coacciones hacia sus compañeros de trabajo que han pasado por el servicio desde el año 2011.
La magistrada titular del Juzgado ha impuesto una pena de cinco años y tres meses de prisión y una multa de 14.400 euros a tres de las acusadas, considerándolas autoras de seis delitos de coacciones. A la cuarta acusada se le han atribuido cinco delitos de coacciones, lo que se traduce en una condena de tres años y medio de cárcel y la misma multa, 14.400 euros.
Además de las penas de cárcel y multas impuestas, las cuatro mujeres deberán indemnizar conjunta y solidariamente con 7.343 euros a uno de los coordinadores del servicio y a una técnico del mismo. Las tres primeras acusadas también deberán indemnizar a otra de las coordinadoras del laboratorio con 6.281 euros por los daños sufridos.
La sentencia relata los hechos probados, que indican que las cuatro mujeres formaban un grupo de presión en el laboratorio y actuaban como un poder sobre el resto de personas que trabajaban en ese lugar. Para lograr que se siguieran sus directrices, excluían y hostigaban a quienes no estaban de acuerdo con ellas.
Este comportamiento de las acusadas les permitió consolidar su puesto de trabajo en el laboratorio, ya que lograron que otros trabajadores con mejores puestos en las listas de contratación cesaran o rechazaran contratos con el objetivo de evitar el hostigamiento laboral.
La magistrada destaca que la actitud de las acusadas fue especialmente beligerante con los coordinadores del servicio, a quienes desobedecían, ridiculizaban y desprestigiaban su trabajo. Además, mostraron una falta constante de respeto hacia los demás compañeros que consideraban un obstáculo.
La existencia de este conflicto grave era conocida en todo el hospital, pero no se tomaron medidas efectivas para solucionarlo, lo cual resulta incomprensible para la juzgadora.
La jueza califica la conducta de las acusadas como delito de coacciones, ya que crearon un grupo de poder y dominación dentro del laboratorio para imponer su forma de trabajo y favorecer la contratación de las tres acusadas interinas frente a otras personas en las listas.
La sentencia destaca que las coacciones cometidas por las acusadas son consideradas graves debido a su número, diversidad y duración en el tiempo. Por lo tanto, las penas impuestas no son mínimas, sino más bien en grado medio.
Finalmente, la sentencia establece que se ha impuesto multa en los casos en los que la persona perjudicada no precise tratamiento médico, y pena de prisión en aquellos casos en los que los perjudicados tuvieron que someterse a tratamiento.
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