El pasado 14 de enero, un grupo de cuatro organizaciones civiles decidió dar un paso decidido hacia la defensa de la sanidad pública y presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En su demanda, cuestionan la legitimidad del acuerdo que ha firmado la Consejería de Salud de Cantabria, dirigida por el Partido Popular, con el Hospital Santa Clotilde, que contempla la asignación de 256 millones de euros en un plazo de 16 años, con la posibilidad de extenderse a 20.

Las entidades involucradas son la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, Ecologistas en Acción, y la Asociación Cultural Ágora Solidaria, agrupadas y coordinadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Se prevé que más organizaciones se unan a esta causa en el futuro cercano.

Durante una rueda de prensa realizada el miércoles, los portavoces de la plataforma expresaron su preocupación, tildando el acuerdo de "irregular" y "opaco". Según afirmaron, este convenio representa una fragmentación preocupante de ciertos servicios públicos esenciales, que deberían ser gestionados de manera integral, y que ahora podrían derivarse a la esfera privada, afectando negativamente tanto a los profesionales de la salud como a los ciudadanos de Cantabria.

Los representantes de las asociaciones advierten que el Gobierno está preparando un "regalo generoso" al Hospital Santa Clotilde destinado a servicios menores que el hospital ya ofrecía, además de incluir nuevas áreas críticas, como los cribados de cáncer de mama y colon, que hasta ahora eran competencia exclusiva de la sanidad pública, garantizando así su fiabilidad y eficacia.

Las entidades manifestaron su inquietud por este "despojo" a la sanidad pública, argumentando que obstaculiza la mejora de servicios en hospitales que son financiados con los impuestos de la ciudadanía. Se plantean una pregunta crucial: “¿Cómo podemos afrontar las graves carencias en material y personal en nuestro sistema público si el dinero que debería destinarse a mejoras se desvía a un hospital privado?”

En este contexto, también criticaron las afirmaciones del consejero de Salud, César Pascual, quien justifica la asignación de fondos a Santa Clotilde con el argumento de dar estabilidad a la orden religiosa gestionadora y porque se tienen planes de inversión de 60 millones para nuevas infraestructuras y tecnologías necesarias.

Por otro lado, la plataforma denunció que el anuncio del convenio se realizó de manera apresurada y con falta de transparencia, publicándose en el Boletín Oficial de Cantabria bajo un protocolo de urgencia que debería estar reservado para situaciones bien justificadas y documentadas.

A pesar de ello, se señalizó que informes esenciales, como los jurídicos y técnicos que podrían fundamentar tal urgencia, han permanecido ocultos, lo que añade más dudas a un proceso que ya es cuestionado en un contexto en el que los presupuestos autonómicos para 2026 todavía no han sido aprobados.

Asimismo, denunciaron que el pacto elude la competencia de convocatoria pública, externalizando así una función que corresponde directamente al Gobierno de Cantabria en el ámbito de la asistencia sanitaria.

Las asociaciones consideraron la adjudicación a Santa Clotilde como un "auténtico regalo" al ser esta significativamente permisiva en sus exigencias de calidad, ya que la adenda correspondiente establece que la única penalización económica por incumplimiento será del 1% si no se alcanza el 80% de lo acordado, y no habrá consecuencias si se supera ese porcentaje.

Uno de los portavoces, Fernando Rodero, afirmó que este acuerdo es "un verdadero insulto a la ciudadanía de Cantabria", enfatizando que "no hay repercusiones si se incumple justo un 20% de los compromisos. Esto es una invitación abierta a la corrupción", sentenció.

Finalmente, las organizaciones señalaron que esta "cesión" a Santa Clotilde podría comprometer la atención sanitaria en Cantabria durante un mínimo de 16 años, con posibilidad de extenderse a 20, en un contexto donde las necesidades asistenciales son cambiantes y deben abordarse de manera flexible.

Por último, en respuesta a preguntas de la prensa sobre las mamografías externalizadas, indicaron que estas se realizaron el 13 de noviembre, cuando el Servicio Cántabro de Salud ya había superado la lista de espera. Aseguraron que se hicieron cuando estaba claro que no se requería apoyo externo para una respuesta rápida y eficaz a las solicitudes de diagnóstico.