SANTANDER, 19 de noviembre. En un avance significativo hacia la sostenibilidad, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha anunciado que el parque eólico de El Escudo empezará a generar energía eléctrica el año entrante. Arasti también expresó su optimismo sobre la posibilidad de que durante esta legislatura se inicie la construcción de hasta cuatro nuevos parques eólicos en Cantabria, considerándolo un resultado tanto realista como deseable.

Este mensaje fue compartido en la reciente asamblea anual de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC), donde se congregaron representantes del sector para reafirmar su compromiso con un desarrollo eólico que priorice el bienestar y la prosperidad de las comunidades rurales afectadas por la instalación de estos parques.

Durante el evento, las empresas del sector hicieron hincapié en que la transición energética debe ser acompañada de políticas de desarrollo territorial efectivas. Abogan por un modelo de convivencia que sea “equilibrado, participativo y socialmente contrastado”, distanciándose así de iniciativas que son formuladas “desde los mapas y no desde el territorio”.

En esta línea, Arasti recalcó la postura del Gobierno a favor de la instalación de energía eólica, subrayando que esta debe llevarse a cabo solo en localidades que cumplan rigurosamente con todos los criterios legales relacionados con medio ambiente, biodiversidad y patrimonio cultural.

El consejero elogió la política de desarrollo eólico del Ejecutivo, resaltando su enfoque “planificado y riguroso”. Sin embargo, también destacó que algunos proyectos, como los parques de Corus, Piruquito y Benavieja, han recibido informes desfavorables de la Administración regional. Por ejemplo, el parque de Corus concluyó su trámite al obtener una declaración de impacto ambiental negativa, lo que ha llevado a la anulación de su permiso de acceso a la red eléctrica.

A pesar del firme apoyo del Gobierno de Cantabria a la energía eólica, Arasti subrayó que el camino está lleno de obstáculos. Mencionó las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que han anulado las autorizaciones previas de cinco parques eólicos, todos ellos autorizados durante la legislatura anterior. Hasta el momento, se ha interpuesto un recurso de casación por la sentencia de Somaloma-Las Quemadas.

Con un nuevo proceso en marcha para el parque eólico de Somaloma-Las Quemadas, el consejero informó que el resto de los parques también iniciará su tramitación en breve. Actualmente, hay siete parques que tienen autorización administrativa de construcción. De estos, cinco son de gestión autonómica y dos estatal: El Escudo, que se encuentra en obras con el objetivo de comenzar su producción energética en el primer trimestre de 2026, y Bustatur, donde las obras están previstas para comenzar el próximo año.

Además, hay otros seis parques en fase de evaluación ambiental, lo que significa que en total, Cantabria cuenta con 13 parques que suman una capacidad de 453 megavatios de energía eléctrica.

Arasti también se refirió al Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, que solo acepta una capacidad de 700 megavatios para generar 2.000 gigavatios hora al año, lo que representaría el 53% del consumo eléctrico proyectado para 2024 en la región.

La AEC señaló que la capacidad total de los parques que actualmente cuentan con una declaración positiva de impacto ambiental está muy por debajo de lo permitido por el plan. Además, destacó que, incluso si se llegara a maximalizar la capacidad proyectada, Cantabria apenas podría satisfacer el 50% de su demanda eléctrica mediante energías renovables.

En la actualidad, la región produce apenas el 15% de la energía eléctrica que consume, mientras que la demanda sigue en aumento, con un incremento del 7,2% el año pasado, comparado con un 0,9% a nivel nacional. Este panorama de creciente necesidad energética coloca a Cantabria en una situación complicada, ya que se sitúa entre los últimos lugares del desarrollo eólico en el país, con solo un 0,2% de la potencia instalada y un 4% de su producción eléctrica proveniente del viento, muy por debajo de la media nacional del 25%.

El presidente de la AEC, Agustín Valcarce, enfatizó que “el desarrollo eólico debe estar ligado al desarrollo rural.” Subrayó que los parques eólicos se han convertido en contribuyentes fiscales de gran importancia para los municipios donde operan, generando ingresos que permiten a los ayuntamientos invertir en servicios públicos, infraestructuras y proyectos sociales.

“Es nuestra responsabilidad moral aprovechar esta oportunidad de manera beneficiosa para las comunidades; el viento debe impulsar también la economía local y ofrecer esperanza a los pueblos de la España vaciada”, afirmó Valcarce.

Valcarce resaltó el ejemplo del municipio de Soba, conocido nacionalmente por su enfoque equilibrado entre instalaciones eólicas y otras actividades económicas y sociales en entornos rurales.

Finalmente, lamentó la existencia de proyectos que no han sido bien concebidos o que carecen de suficiente respaldo social, lo que provoca preocupación entre los habitantes locales y perjudica la percepción del sector en su conjunto. “Las empresas asociadas a la AEC se esfuerzan por trabajar con rigor técnico, respeto por el medio ambiente y una vocación de permanencia; estamos aquí para ser el mejor vecino en las áreas donde operamos”, concluyó.

La AEC aboga por que solo un modelo de planificación responsable y abierto al diálogo con las comunidades y administraciones podrá lograr un desarrollo “armónico” que combine la necesidad de generar energía limpia con la protección del entorno rural.