ARCONÍOS, 13 de diciembre.

Un grupo de personas afectadas por las sentencias de demolición ha expresado su descontento este sábado por los constantes retrasos en el avance del proceso para la construcción de nuevas viviendas de sustitución en Argoños. Estas acciones son parte de un análisis que está llevando a cabo el Gobierno de Cantabria, quien evalúa la posible adquisición de cinco propiedades para iniciar las obras necesarias.

Los comentarios provienen de representantes de la Asociación Maltratados por la Administración (AMA), quienes hicieron hincapié en su situación durante un evento que defendió la Declaración de Derechos Humanos, realizado en el Centro Cultural de Argoños.

El acto contó con la participación de representantes de varias formaciones políticas, incluidos algunos alcaldes de la zona, quienes mostraron su apoyo a la causa.

Por su parte, Ciriaco García, vicepresidente de AMA, no dudó en criticar la falta de asistencia del consejero de Fomento, Roberto Media, al evento. Además, destacó la inacción del alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, quien, a su juicio, no ha tomado medidas significativas desde que en mayo el Gobierno regional anunció la intención de adquirir las cinco parcelas.

Está previsto que en la localidad se derriben un total de 120 viviendas. Sin embargo, 38 propietarios han elegido recibir una indemnización en lugar de esperar por la reposición de sus casas. Por lo tanto, el Gobierno regional asumirá la responsabilidad de construir 82 viviendas de sustitución en esos terrenos.

Es importante mencionar que los edificios afectados por la sentencia de demolición no pueden salvarse a través de una modificación urbanística, ya que están sujetos al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que regula las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Además, desde AMA han señalado que esperan que el fallo judicial sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños se publique en un plazo de uno a dos meses, aunque han manifestado su pesimismo respecto a los resultados. Un veredicto desfavorable bloquearía la legalización de otro grupo de viviendas que también enfrenta sentencias de demolición en el municipio.