En un contexto donde la ayuda oficial al desarrollo (AOD) adquiere cada vez más relevancia, el Gobierno de Cantabria ha recibido críticas acusadas debido a la reducción drástica de su presupuesto para este ámbito en 2024, que ha caído a un escaso 0,11% de la Renta Nacional Bruta. Esta disminución representa una reducción del 13,88% en comparación con el presupuesto del año anterior, concretamente de 3.941.964 euros frente a los 4.577.405 euros de 2023.

Este alarmante dato ha sido expuesto en el último informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo, que ha analizado los presupuestos autonómicos dedicados a cooperación. Cantabria se encuentra entre las siete comunidades que han decidido recortar sus partidas para ayuda al desarrollo, ocupando el quinto lugar en el ranking de recortes, detrás de regiones como Aragón, que ha sufrido una reducción del 69,8%, y Canarias, Extremadura y Murcia, que también han realizado recortes significativos.

La situación se agrava al observar que la cantidad que Cantabria ha destinado a cooperación al desarrollo en 2024 es 1.908.424 euros inferior a la cifra más alta de la serie histórica, que se alcanzó en 2009, cuando se destinaron 5.850.388 euros. Este descenso representa un retroceso preocupante en un contexto poético de potencialidad y necesidad.

A pesar de este recorte, es importante destacar que la cifra de 2024 supera la asignación de años anteriores como 2022 (3.323.092 euros), 2021 (2.947.384 euros), 2020 (2.845.461 euros), 2019 (2.564.078 euros) y 2018 (2.378.474 euros), lo que sugiere un patrón irregular en la participación de Cantabria en la cooperación internacional.

Justamente, con el 0,11% de la Renta Nacional Bruta, Cantabria se encuentra alejada del ambicioso objetivo del 0,7% establecido por la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada en febrero y gozó de un amplio respaldo parlamentario. Este objetivo debe ser una meta alcanzable y no una utopía distante.

En un análisis más amplio, la AOD proporcionada por las comunidades autónomas también ha mostrado una tendencia a la baja en 2024, alcanzando un 0,12% de la Renta Nacional Bruta. Esta cifra, que es levemente inferior al 0,13% registrado el año anterior, refleja un panorama desalentador, con diez de las diecisiete regiones realizando recortes o congelando sus presupuestos en este ámbito.

Los datos indican que, a pesar de que la suma total de los presupuestos autonómicos para cooperación en 2024 ha alcanzado los 327.380.846,88 euros —casi 21 millones más que el año anterior—, la mayoría de las comunidades, salvo algunas excepciones como Cataluña y Euskadi, no logran ni acercarse a la meta del 0,7% exigida.

En términos individuales, el aporte de Cantabria a cooperación al desarrollo representa solo 6,70 euros por persona al año. Esta cifra se convierte en otro indicador que refleja la insuficiencia de recursos destinados a una causa social que clama por atención y compromiso.

El informe revela que en términos generales, la media de aporte por persona anualmente en las comunidades autónomas es de 8,50 euros. Sin embargo, es fundamental aclarar que esta cifra puede conducir a interpretaciones erróneas, dado que 12 de las 17 regiones están por debajo de esta media, gracias a que Navarra y Euskadi aportan montos significativamente mayores.

En lo más alto de la lista, Navarra realiza una aportación cercana a los 30 euros por persona, mientras que Euskadi se queda con 25 euros. En contraste, se sitúan Murcia y la Comunidad de Madrid con cifras mínimas de 0,59 y 0,70 euros respectivamente, lo que resalta una disparidad alarmante en la distribución equitativa de recursos para el desarrollo.

La Red de Coordinadoras ha encendido las alarmas ante este panorama, enfatizando que la cooperación al desarrollo no solo es crucial en estos tiempos, sino que además debe ser una seña de identidad de un Estado español que, por sus ideales, debería abogar por una ayuda constante y accesible.

Además, el informe señala que, a pesar de los recortes, el apoyo ciudadano hacia la cooperación internacional se mantiene fuerte, con un 70% de los españoles de acuerdo en que se debe apoyar a los países más necesitados, de acuerdo a los datos del último CIS. Este respaldo social debe ser un faro que guíe las decisiones políticas hacia una mayor solidaridad.

Ante esta realidad, se proponen acciones concretas, como garantizar que las leyes estatales y autonómicas se cumplan, destinando el 0,7% a cooperación. Asimismo, se sugiere simplificar la burocracia para hacer más eficaces las iniciativas en favor de los derechos humanos y la reducción de desigualdades.

Desde las ONG se aboga también por fortalecer las capacidades de personal en las administraciones públicas, armonizar criterios contables y asegurar que los fondos realmente contribuyan a la paz, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Este compromiso debe ser un reflejo de la responsabilidad social que nos une como ciudadanos comprometidos.