Un total de 28 personas han sido arrestadas y 30 más están bajo investigación en el marco de una ambiciosa operación que ha dejado al descubierto una compleja red de delitos en España, comenzando con una detención en Valencia. Esta macrooperación, que ha generado alarma por el número de afectados y la magnitud de los delitos, se ha centrado en frenar las estafas relacionadas con la venta de animales de compañía en todo el territorio nacional.

SANTANDER/VALENCIA, 27 de diciembre. La Guardia Civil ha colaborado de manera estrecha con Interpol y las autoridades colombianas para desmantelar esta organización criminal que, según las primeras estimaciones, ha defraudado a 250 personas en España, acumulando pérdidas que superan los 150.000 euros, incluyendo casos de estafa también en Cantabria.

La investigación ha revelado un total asombroso de 681 delitos atribuibles a esta red delictiva, que abarca estafas, usurpación de identidad, falsificación de documentos, y otras actividades ilícitas, con la advertencia de que el número de delitos podría aumentar a medida que las pesquisas avanzan. El Instituto Armado ha subrayado la gravedad de las acusaciones, que ahora incluyen 335 estafas y 158 casos de usurpación de estado civil.

Las transacciones de esta organización han alcanzado un volumen de hasta 35 millones de euros en criptomonedas, además de más de tres millones de euros en efectivo, lo que destaca la sofisticación y el alcance de sus operaciones a nivel nacional.

Denominada 'Canmoney', esta operación se originó a partir de una denuncia de un ciudadano que había sido estafado tras pixar un pago por un animal de compañía que nunca llegó a recibir. El funcionamiento del esquema era astuto: una vez que las víctimas realizaban su primer pago, los delincuentes exigían un segundo pago bajo la amenaza de represalias, utilizando artimañas que involucraban amenazas de muerte y mensajes intimidatorios, a menudo acompañados de imágenes de armas de fuego.

Para llevar a cabo sus actividades, los estafadores utilizaban documentos de identidad robados para crear una falsa apariencia de legitimidad. Esta táctica les permitía ganar la confianza de sus víctimas, quienes en su mayoría desconocían que estaban ante una elaborada y peligrosa estafa.

Las primeras detenciones se produjeron tras unas investigaciones que culminaron con la captura de un colorido implicado en la provincia de Valencia, lo que marcó el inicio de esta extensa investigación. Este primer arresto fue el eslabón que permitió identificar a otros miembros de la organización, evidenciando la red criminal que operaba tanto en España como en Colombia.

La utilización de criptomonedas por parte de los delincuentes ha sido descrita como una "herramienta estratégica" para eludir la detección de sus fondos por las autoridades, facilitando su integración en el sistema financiero legítimo. Un elemento crucial en la investigación fue el papel de un locutorio, cuyo propietario fue señalado como un testaferro que, aprovechando su actividad comercial, ayudó a la organización a blanquear los fondos obtenidos ilícitamente.

La complejidad de la red se revela aún más al observar cómo los fondos, una vez depositados en cuentas bancarias, eran convertidos en criptomonedas y diseminados en múltiples direcciones, dificultando así su trazabilidad. En los estratos más bajos de la organización, operaban individuos encargados de abrir cuentas bancarias y realizar todas las transacciones necesarias para alimentar el sofisticado sistema de estafa, con líderes principales localizados en Colombia y Camerún.

Las autoridades han realizado un total de 12 registros, nueve en España y tres en Colombia, como parte de esta operación, confiscando una serie de elementos clave, incluyendo teléfonos móviles utilizados para llevar a cabo las estafas, así como vehículos y otros activos que ayudaron a perpetuar este criminal esquema.

La colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Nacional de Colombia, Interpol y Europol ha sido fundamental en el desarrollo de esta operación, que ha sido capaz de identificar a las víctimas a lo largo de 43 provincias del territorio español, incluyendo grandes ciudades como Madrid, Valencia, y Sevilla, reflejando la magnitud de este fenómeno delictivo que ha golpeado a tantas personas inocentes.