Los grupos comunitarios han solicitado de manera urgente la suspensión de cualquier actividad que siga amenazando a las zonas húmedas de la región. Este reclamo surge en el contexto de las obras del polígono eólico El Escudo, que han llevado a la desaparición o muerte de al menos 19 especies de flora protegida o en peligro de extinción.

Entre las especies afectadas se encuentran Luronium natans, Salix repens y Pilularia globulifera, y los colectivos han expresado su profunda preocupación por esta situación. En un comunicado, han demandado una detención inmediata de las obras y la realización de un análisis genético de las especies protegidas, así como una auditoría científica imparcial para investigar las causas de estas desapariciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los colectivos destacan que los técnicos contratados por la empresa detrás del proyecto no han cumplido con estándares profesionales adecuados, señalando que los informes ambientales que presentaron no identifican correctamente la presencia de especies protegidas en la Sierra del Escudo, a pesar de su inclusión en catálogos oficiales.

Además, han subrayado que la empresa no logró detectar un importante yacimiento arqueológico en la zona, el Campamento Romano de Mediajo Frío, cuya existencia fue confirmada posteriormente por otros equipos de investigación. Según el colectivo, estas omisiones representan una falta de rigor técnico alarmante y evidencian una supervisión deficiente de parte de las autoridades responsables.

Los datos provenientes de los informes ambientales elaborados por la empresa indican una drástica disminución de la población de Luronium natans en la zona, que ha pasado de nueve a solo un ejemplar en una charca. Además, se han reportado fracasos en los trasplantes de otras especies y la reducción de individuos de Salix repens, que está protegida por la normativa autonómica.

Los colectivos afirman que muchas de estas acciones se llevaron a cabo sin la necesaria autorización y antes de que se modificara la Declaración de Impacto Ambiental, lo que iría en contra de las regulaciones vigentes. Gran parte de las obras se realizó utilizando maquinaria pesada, lo cual es incompatible con la protección de hábitats sensibles.

A pesar de las evidencias presentadas, la empresa ha declarado que no es responsable de la muerte de las plantas y ha atribuido las pérdidas a factores externos como el paso de vehículos por la zona o las lluvias. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de respaldo documental, lo que suscita más dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.

Por el contrario, los informes ambientales demuestran que las obras están impactando negativamente en la calidad del agua y en la estabilidad de los humedales, alterando los ecosistemas en los que habitan las especies protegidas.

Los colectivos han enfatizado que las precipitaciones y el tránsito ocasional de vehículos no son la causa principal de la destrucción del hábitat, sino que el verdadero culpable es el desarrollo de las obras y la mala gestión ambiental por parte de la empresa contratada.

Asimismo, han señalado que las ubicaciones naturales de las especies amenazadas en los municipios de Molledo y Aguayo han sido ocultadas en informes recientes, a pesar de que son reconocidas en inventarios previos elaborados por expertos.

El grupo también ha criticado la reciente resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, acusándola de respaldar la desaparición de especies mediante suposiciones carentes de evidencia técnica, que van en contra de lo documentado por biólogos y arqueólogos independientes.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio sostienen que las poblaciones de las especies mencionadas se mantenían saludables antes de que comenzaran las obras, sugiriendo que el daño ambiental es directo y significativo.

La pérdida de charcas, la alteración de turberas y la disminución del nivel de agua en la ZEC Sierra del Escudo son síntomas de un deterioro medioambiental grave y acumulativo, lo que refleja las múltiples problemáticas que estos grupos han estado denunciando durante años.

Por último, han alertado sobre la incoherencia en el discurso oficial; mientras que las afirmaciones de la empresa son aceptadas sin cuestionamiento, las observaciones de expertos en biología y arqueología son frecuentemente desestimadas.

La comunidad ha advertido que, a lo largo de los años, los informes técnicos emitidos por los gobiernos en Cantabria han sido desfavorables respecto a la industria eólica en ciertas áreas, haciendo necesario reflexionar sobre cómo la verdad parece estar más ligada a intereses económicos que a la evidencia científica.