SANTANDER, 31 de julio. La organización Ecologistas en Acción ha encendido las alarmas sobre el reciente decreto que regula las viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria, advirtiendo que podría acarrear graves consecuencias tanto sociales como medioambientales. Según el grupo, esta normativa fomenta un modelo insostenible de crecimiento turístico que compromete la calidad de la oferta en la región.

El colectivo ecologista critica que el Gobierno regional se esté alejando de una regulación efectiva, sugiriendo que la única forma de limitar el uso de estos alojamientos recae en manos de las comunidades de propietarios y los ayuntamientos. Esta crítica pone de manifiesto las serias dudas sobre el enfoque que la administración ha adoptado hacia la gestión turística.

En un comunicado emitido recientemente, la organización expresó su descontento tras la publicación del decreto, que establece que todas las VUT, incluidas las ya existentes, tendrán un plazo de ocho meses para presentar un informe de compatibilidad con el uso del suelo, emitido por los ayuntamientos, junto a una declaración responsable para operar. Los requisitos adicionales contrastan con la falta de medidas más contundentes desde el Gobierno para abordar la creciente problemática.

Ecologistas en Acción lamenta que sus sugerencias y las de otros grupos durante el proceso de creación del decreto no hayan sido consideradas. Subrayan su preocupación por el impacto social y ambiental que el aumento incontrolado de viviendas turísticas está generando en Cantabria, donde actualmente hay cerca de 20,000 plazas disponibles, una cifra que, según sus proyecciones, podría aumentar un 34% para 2025.

La organización advierte que esta expansión desmedida podría agravar la crisis del alquiler residencial, encareciendo aún más los precios y dificultando que jóvenes y familias encuentren viviendas asequibles. Denuncian que la falta de oferta en alquileres sociales y viviendas de promoción pública agrava la situación, convirtiendo a Cantabria en una región con tensiones habitacionales, especialmente en áreas costeras y turísticas.

A pesar de la presión, Ecologistas critica que el Gobierno ignora la declaración de zonas tensionadas según la nueva Ley de Vivienda, lo que podría ofrecer una solución. Para frenar lo que consideran una "pseudoregulación", la asociación enfatiza que la responsabilidad recae ahora en las comunidades de propietarios y ayuntamientos, a quienes instan a implementar medidas más efectivas, como la prohibición de VUT en centros históricos y la suspensión de licencias en zonas con alta presión residencial.

La organización concluye que a menos que los ayuntamientos decidan actualizar sus planes urbanísticos, la escalada de la turistificación y sus efectos negativos sobre la estructura urbana seguirán su curso sin control.