SANTANDER, 17 de diciembre. El alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, representante del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), defendió hoy que cada decisión tomada por su administración ha sido siempre consensuada y respaldada por asesoramiento legal adecuado. Esta declaración surge en un momento de tensión, tras la denuncia interpuesta por el anterior gobierno local del Partido Popular (PP), que lo señala por supuestos pagos irregulares, respaldados por informes que expresaban reparos sobre su legalidad. Arco atribuyó esta denuncia a la mala relación entre la secretaria municipal y la abogada del Ayuntamiento, en un contexto donde el ambiente político local era particularmente complicado.

Durante la primera sesión del juicio por un presunto delito continuado de prevaricación, que podría acarrear una inhabilitación de hasta 15 años para el alcalde, Arco reiteró que siempre ha contado con el asesoramiento de expertos legales. "No tengo conocimientos de derecho, por lo que me apoyé en los expertos que me indicaron el camino a seguir", subrayó el alcalde, quien tiene formación como ingeniero técnico industrial en electricidad.

El juicio se centra en la atribución de pagos realizados entre 2016 y 2017, que el Ministerio Público cifra en alrededor de 20.000 euros, aunque el PP los eleva a más de 140.000 euros. La acusación sostiene que estos pagos se hicieron a pesar de informes de la Intervención y de las advertencias legales emitidas por la secretaria municipal. En su declaración, esta funcionaria confirmó que su labor era asegurar el cumplimiento legal y afirmó que el alcalde seguía las directrices de la abogada asesora del Ayuntamiento.

Los cargos que se presentan en esta causa, que se lleva a cabo esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, están relacionados en parte con el pago de cuatro facturas; dos de ellas, que suman casi 4.000 euros, están destinadas a los honorarios legales en la defensa del alcalde y de otra funcionaria del Ayuntamiento, mientras que las otras dos facturas están asociadas a un pago de 7.260 euros por un informe de expropiación que ya había sido elaborada por el servicio jurídico municipal, y a otro de 8.000 euros relacionado con la reestructuración de la plantilla municipal.

Adicionalmente, la intervención también había señalado reparos sobre la reubicación de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y sobre la contratación de diversos servicios, lo que generó más controversia en torno a la gestión del alcalde.

Al inicio de la vista oral, la defensa del alcalde solicitó nuevamente la nulidad de las actuaciones, alegando que el procedimiento había superado el plazo de instrucción, lo que podría invalidar la declaración del implicado. La defensa pide un veredicto absolutorio, una petición que ha sido rechazada por las acusaciones, y cuya resolución será abordada por la sala antes de emitir sentencia.