El comité de crisis sobre Irán se convoca para considerar nuevas acciones urgentes.

**SANTANDER, 30 de marzo** – En un contexto de creciente preocupación por las repercusiones del conflicto en Irán, el comité de coordinación de crisis de Cantabria se reunió esta mañana por segunda ocasión. La finalidad es evaluar con detenimiento cómo este conflicto está afectando la economía de la región, revisar las medidas contempladas en el reciente Decreto Ley promulgado por el Gobierno español, y establecer mesas de trabajo para cada sector, todo ello ante la necesidad de implementar más acciones que, según estiman, serán indispensables.

Durante una rueda de prensa previa al inicio de la reunión, el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), subrayó la intención del Gobierno regional de ir más allá de las medidas ya adoptadas. A medida que el desenlace de la guerra se torna más incierto, sus efectos podrían convertirse en cuestiones estructurales que demandan una respuesta más robusta.

Arasti enfatizó que es crucial estar preparados para complementar las actuales iniciativas, que considera insuficientes para afrontar la magnitud de la crisis. En este sentido, insistió en la necesidad de actualizar y enriquecer las estrategias existentes, además de añadir nuevas.

Entre las solicitudes que el Gobierno de Cantabria seguirá insistiendo ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, figuran la suspensión de la regla de gasto y la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Además, solicitarán la creación de un marco general a nivel europeo que permita compensaciones a las empresas afectadas por el aumento de los costes de combustibles, siguiendo el ejemplo de la situación en Ucrania.

El consejero también subrayó la importancia de habilitar revisiones de precios en los contratos públicos, algo que sectores como la construcción y la obra pública ya están demandando debido a la escalada de costos.

“Esta es la dirección que vamos a tomar”, afirmó Arasti, añadiendo que el Gobierno tiene claro lo que debe hacer y con quién colaborar para apoyar el tejido productivo de Cantabria.

Con respecto a las medidas que ya están en marcha, destacó que la comunidad autónoma ha planteado una serie de propuestas al Gobierno español que van más allá de sus competencias, muchas de las cuales ya se han integrado en el nuevo decreto.

Las iniciativas incluyen modificaciones en la fiscalidad energética y bonificaciones a los combustibles, medidas que la comunidad financia con sus propios recursos. Como resultado, Cantabria ha dejado de recibir, por un período que se extenderá hasta el 30 de junio, 21,6 millones de euros, lo que implica aproximadamente 7,2 millones mensuales.

Arasti también recordó otras medidas destinadas a apoyar a familias y empresas, como recortes impositivos significativos, especialmente en el IRPF, así como bonificaciones para el transporte público y el mantenimiento de un complemento del 15% en la renta social básica para familias en situación de vulnerabilidad.

En otro orden de ideas, el consejero destacó que el Gobierno cántabro ha mantenido una respuesta rápida a la crisis. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, SODERCAN recibió la orden de evaluar su impacto económico el 5 de marzo, y el 16 se llevó a cabo la primera reunión del comité de coordinación.

“No podemos pasar por alto que esta crisis tiene un impacto global y su desenlace es incierto, lo que exige soluciones decisivas y un plan integral que asegure una respuesta sólida para el país”, aseveró.

Finalmente, Arasti defendió la rapidez y la coordinación de la respuesta del Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga, contrastando su gestión con la de administraciones previas que, según él, tardaron mucho más en reaccionar ante la crisis en Ucrania.

El titular de Industria compareció ante los medios acompañado de sus colegas de Economía y de Desarrollo Rural, Luis Ángel Agüeros y María Jesús Susinos, evidenciando la amplia coordinación entre diferentes áreas del Gobierno para abordar esta situación crítica.