SANTANDER, 30 de enero.

Los sindicatos que componen el comité de empresa del Gobierno de Cantabria, incluyendo UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, INDEPENDIENTES y SUC, han decidido presentar dos nuevas demandas judiciales por conflicto colectivo contra la Administración autonómica. Esta acción surge a raíz de la "vulneración de derechos sindicales" y una cuestión relacionada con la cotización a la Seguridad Social, afectando a más de 200 bomberos forestales que han sufrido recortes significativos en sus nóminas de diciembre, con reducciones que oscilan entre los 500 y 700 euros.

Las representantes de este órgano sindical, que agrupa a 2.300 trabajadores de la Administración General, comunicaron estos avances en una rueda de prensa llevada a cabo el viernes. Estas nuevas demandas se suman a la que ya se había presentado anteriormente en relación con la bolsa de empleo destinada a sustituciones.

Rebeca Marqué, presidenta del comité, destacó que "la negociación colectiva está completamente fracturada". Expresó su frustración por la falta de comunicación y la escasa disposición al diálogo por parte de la Consejería de Presidencia, dirigida por Isabel Urrutia. "Estamos abiertos a la negociación, pero las reuniones siempre están plagadas de condiciones absurdas destinadas a crear confusión y conflicto", puntualizó Marqué.

El comité tomó la decisión, tras una reunión el 28 de enero enfocada en los bomberos, de solicitar estos conflictos colectivos. Esto se debió a que la consejería convocó a un encuentro de negociación con restricciones que impidieron la representación total de las organizaciones sindicales.

Marqué también arremetió contra la habitual falta de información y la ausencia de documentación a la que tienen derecho, señalando que no se les ha proporcionado ninguna explicación sobre por qué se han recortado las nóminas de los bomberos forestales.

Las demandas que se presentarán ante el Juzgado de lo Social estipulan un plazo de 20 días hábiles para que el Gobierno de Cantabria proporcione la información y documentación necesaria, según lo solicitado por el comité.

A medida que se acerca el final de la legislatura, Marqué recordó que el personal laboral del Gobierno de Cantabria sigue sin recibir mejoras salariales y labora en condiciones que se han vuelto obsoletas, especialmente al observar los acuerdos favorables que han beneficiado a otros sectores, como el Servicio Cántabro de Salud y Justicia.

Además, la presidenta del comité expresó preocupación por la falta de noticias respecto a la nueva Ley de Función Pública y sobre qué ha ocurrido con el presupuesto destinado a las jubilaciones parciales anticipadas que no se ha utilizado.

El convenio colectivo continua sin resolverse, y las ofertas de empleo público de 2023 y 2024 quedan incompletas, lo que agrava la crisis de personal que había sido denunciada en el área de Servicios Sociales.

Por último, los representantes del comité manifestaron su descontento con la falta de impulso del Gobierno regional hacia la inclusión, citando la escasa oferta pública de empleo orientada a personas con discapacidad intelectual, que solo abarca el 2% de las plazas disponibles y que aún carece de una fecha establecida, un temario adaptado, y la intervención necesaria de personal cualificado en integración social.