24h Cantabria.

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El Gobierno acusa a Aguayo de interferir en competencias regionales y nacionales en energía eólica

El Gobierno acusa a Aguayo de interferir en competencias regionales y nacionales en energía eólica

En Santander, el Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo, gestionado por el Partido Socialista, por presuntamente invadir competencias regionales y nacionales relacionadas con la instalación de parques eólicos.

El recurso ha sido admitido a trámite por el juzgado y está dirigido contra un acuerdo municipal que modifica el Plan General de Ordenación Urbana para suspender la emisión de licencias en suelo rústico de especial protección.

Según el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, el Gobierno está actuando contra esta medida porque considera inaceptable que un ayuntamiento desobedezca las leyes vigentes.

La legislación actual declara los parques eólicos como actuaciones de interés público, por lo tanto, el Gobierno regional argumenta que el Ayuntamiento no tiene autoridad para detener su desarrollo.

Para el consejero, si el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo intenta prohibir la instalación de parques eólicos, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y el Gobierno autonómico deberían rechazar dicha medida por exceder las competencias municipales.

Desde el Gobierno se afirma que el Ayuntamiento ha utilizado un recurso legal inadecuado para evitar la construcción de parques eólicos, lo que consideran una extralimitación de sus atribuciones.

El consejero Media sostiene que la administración debe actuar conforme a la legalidad, y si los parques cuentan con todos los informes necesarios y han pasado los trámites correspondientes, su construcción debería seguir adelante.

Finalmente, Media señala que el Gobierno regional espera obtener razón en el juzgado tras haber recurrido el acuerdo municipal y destaca que la discrepancia entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo es evidente y debe resolverse conforme a las leyes vigentes.